La iniciativa fue respaldada por los demás grupos parlamentarios.
En una enmienda suscrita por los tres partidos y pactada a partir de una iniciativa de los nacionalistas, se insta al Ejecutivo a que, “en el marco de un diálogo conjunto entre el Gobierno del Estado y la Xunta”, se analice la funcionalidad actual de las autopistas AP-9 y AP-53 en la red de carreteras del Estado.
Según los proponentes, ese análisis determinará, “en su caso, abordar el traspaso a la Xunta de las funciones y servicios en materia de carreteras correspondientes a estas autopistas y, asimismo, a analizar su política tarifaria”, ya que todos coincidieron en señalar su alto precio.
En el texto se reclama al Gobierno que “adopte las decisiones administrativas y presupuestarias necesarias para las distintas actuaciones de mejora y ampliación de la capacidad de la AP-9”.
El autor de la moción original, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, rechazó los argumentos esgrimidos por la ministra de Fomento para oponerse al traspaso a la Xunta, señalando que estas autopistas forman parte de la red de carreteras del Estado al ser “conexión nacional e internacional”, con Portugal.
“La realidad es que la AP-53 discurre entre Pontevedra y Ourense, y la AP-9 es eje vertebrador”, zanjó Jorquera, para quien “no es racional” que haya cobro de peaje en los tramos donde podría absorber “buena parte” del tráfico de la Comunidad. “Se penaliza el tráfico de corto recorrido”, remachó.