El comité de expertos plantea el aborto libre en las primeras catorce semanas

Propone que a partir de los 16 años no sea necesaria la autorización paterna

Entre otras cuestiones, se propone el aborto libre en las primeras catorce semanas, así como que a partir de los dieciséis años no sea necesaria la autorización paterna para la interrupción del embarazo.
En el documento se propone la necesidad de sustituir el actual sistema que contempla la penalización de la aborto salvo en tres excepciones, por una ley que combine plazos con indicaciones, similar a la mayoría de países de la Unión Europea. Así, el informe plantea una ley de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en torno a las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22, en dos supuestos. Se trataría de cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, así como cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la intervención. Por otra parte, el comité de expertos considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal, de modo que en ningún caso las mujeres que deciden interrumpir su embarazo podrán ser castigadas con penas de prisión.
Por otra parte, el comité recomienda reconocer la autonomía en la decisión a las jóvenes partir de los dieciséis años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. En cuanto a los supuestos de objeción de conciencia de los profesionales, plantean que no suponga un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud ya sea en la red pública o concertada. Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación del aborto debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.
El comité de expertas se constituyó el pasado 4 de septiembre y en él participaron personas de reconocido prestigio en el ámbito sanitario y jurídico. La miniastra Aído señaló que “no se trata de hacer una ley más permisiva. Se trata de hacer una ley más segura”. El fin, añadió, es “garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos”.