El CGCEE está haciendo gestiones para presentar ante la Subcomisión del Congreso sus reclamaciones sobre la Loreg

La Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior celebra en Madrid su primera reunión de este mandato

Los miembros de la Comisión de Derechos Civiles y Participación que acudieron a la reunión de trabajo en Madrid.
Un momento de la reunión de trabajo.

Los días 12 y 13 de febrero se reúne en Madrid la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) que preside el consejero de Uruguay, Jorge Torres Cantalapiedra, quién afirmó que “somos optimistas” y “pensamos llevar los temas con mucha fuerza”.

Como novedad, Torres Cantalapiedra aseguró que se están haciendo gestiones a través de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que el CGCEE pueda explicar su postura y presentar sus reivindicaciones ante la Subcomisión para la reforma electoral del Congreso de los Diputados. Reconoció también que estas gestiones debieron realizarse mucho antes y que es algo que desde el Consejo han solicitado reiteradamente a la Administración.

Esta reunión de trabajo es la primera que tiene la nueva Comisión de Derechos Civiles y Participación que se formó en el I Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que se celebró en Madrid a finales de junio de 2017.

En cuanto al trabajo a realizar, el presidente de la Comisión explicó que “luego de las reuniones de la Comisión Permanente se seleccionaron unas cuantas propuestas de diferentes países, que las podemos resumir básicamente en la modificación de la Loreg, la reforma de la nacionalidad, la eliminación del procedimiento de exequátur (procedimiento que existe para el reconocimiento de sentencias extranjeras) en sentencias de divorcios, la doble aportación de los residentes en Europa y la nacionalidad de los cónyuges”.

Sobre el exequátur, en concreto sobre la homologación en España de una sentencia de divorcio de un país extranjero, Torres explicó que antiguamente costaba unos dos mil quinientos euros y que, aunque ahora su coste ha bajado un poco, generalmente nadie lo lleva a cabo por lo que tampoco hay constancia en los registros españoles de su nueva situación conyugal.

Agregó que “la idea es que eso se elimine y se puedan registrar los matrimonios de parejas divorciadas”, así como también que “se puedan nacionalizar sus actuales cónyuges”. Subrayó que “si bien los temas que vamos a abordar vienen de lejos”, -el 80% son el exequátur, la ley de nacionalidad, la ley de nietos, la reforma electoral- “la idea es tratar de ajustar las propuestas y buscar ejecutarlas”.

Asimismo, explicó que otro tema que va a proponer es “la reivindicación de algunos consejeros que llevan muchos años para que se les reconozca de alguna manera el trabajo que han realizado, no con una retribución, sino que, si retornan o se van a jubilar a España, que estos años que están en la comisión se les reconozca como aporte jubilatorio”. Afirmo que “eso está muy verde todavía, lo propusimos la reunión pasada y la Administración puso el grito en el cielo, pero lo seguiremos discutiendo”.

Torres fue optimista en resolver estos temas en la Comisión que, señaló, está integrada por delegados muy trabajadores y con mucha experiencia por lo que “trabajaremos para encarar todos los temas, definirlos y presentarlos para obtener una respuesta”. Afirmó que “si tenemos por respuesta un no, veremos cómo volvemos a debatirlo y concretarlo en la próxima reunión hasta tratar de conseguirlo. No es fácil, ya lo sabemos que no es fácil, pero la idea es esa”, sentenció.

Torres reflexionó que los trabajos de la Comisión no tienen una orientación partidista sino que “tiene que haber beneficios para los españoles”.