“Hace falta garantizar y universalizar el derecho a la información de los emigrados, pues este es un deber de los poderes públicos gallegos”, afirma, recordando que la ley de creación de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), reconoce en el artículo 1.2. que “se atenderán las emisiones de cara a la proyección exterior y de información a las comunidades gallegas en el exterior”.
Miranda recoge con esta propuesta las quejas recibidas de muchas personas de la diáspora americana que demandan información y peticiones para que la programación de la TVG en América tenga los mismos contenidos que en Galicia. También se recibieron quejas desde Argentina y Montevideo, sobre los últimos cambios y subidas de precio de las empresas de cable que reciben la señal de la televisión gallega en esos países.
Evitar la manipulación
La responsable de esta Comisión considera que con información más extendida, por la vía de cooperaciones con las televisiones y radios de los países de destino de los emigrantes, se podría evitar la manipulación del voto emigrante que han denunciado los nacionalistas a través de diversas iniciativas.
Ana Miranda propone fomentar una política de relaciones internacionales informativas, potenciando y estudiando la posibilidad técnica y económica de firmar nuevos convenios con televisiones y radios públicas de los paises de fuerte presencia gallega. Una medida en esta línea es que el futuro segundo canal de la TVG, -que según los expertos debe apostar por programas culturales y sociales- cuente con contenidos sobre la diáspora gallega y la cultura exterior, así como sobre la realizada en Galicia para potenciarla exteriormente.
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El Bloque afirma que perdió votos en Pontevedra por no pagar a un agente
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El BNG rechazó una oferta para pagar entre cinco y ocho dólares por voto de la emigración destinado al municipio de Pontevedra y que hubiese supuesto un concejal más para los nacionalistas, según desveló el diputado César Mosquera en el curso de un tormentoso debate en la Diputación Provincial sobre el sufragio exterior.
El debate, de casi tres horas de duración y que en ocasiones se desarrolló a voces, sirvió para que PSOE, PP y BNG intercambiasen un rosario de acusaciones, pero sin comprometerse con ninguna medida tendente a poner fin a las irregularidades, pese a mostrarse todos a favor del voto emigrante en urna.
Mosquera indicó que “si es cierto” que se paga “a la gente” por obtener los votos. “Tuvimos una oferta, aparte de varias personas, que era entre cinco e ocho dólares por voto”, señaló. “Por ejemplo, en el ayuntamiento de Pontevedra, el BNG de Pontevedra dijimos que no radicalmente”, aclaró el dirigente nacionalista.