La diputada del BNG, Montse Prado preguntó al Gobierno gallego qué medidas va a tomar respecto a las disposiciones que establecen que las personas paradas de larga duración o que tengan agotada la prestación por desempleo pierdan el derecho a la asistencia sanitaria en el extranjero a cargo del Estado español si permanecen fuera más de 90 días en un año natural.
El secretario xeral técnico de la Consellería de Sanidade, Antonio Fernández Campa, fue quien le respondió y dijo que la limitación que se incluye en la nueva normativa está dirigida a los ciudadanos extranjeros que, habiendo agotado todo tipo de prestaciones en España, retornan a su país o se trasladan a otro. Hasta ahora este colectivo exportaba sin límite alguno la asistencia sanitaria con cargo al Estado español.
Fernández Campa insistió en que todos los españoles, y gallegos, que regresen a España tienen garantizada la asistencia sanitaria, bien por el sistema de aseguramiento del país en el que hayan trabajado, o bien a través de las sanidad pública española en los casos en los que no tengan la cobertura del país en el que residían. El único trámite administrativo que deben hacer, señaló Fernández Campa, es solicitarlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
En su intervención en la Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia del pasado 10 de abril, la diputada del BNG negó lo afirmado por Fernández Campa y aseguró que el PP ya no puede seguir amparándose en resoluciones europeas porque la medida proviene del Gobierno del Estado español, y tres meses después de entrar en vigor “lejos de intentar eliminarla” los jóvenes obligados a emigrar por falta de oportunidades laborales en Galicia, son los más afectados.
En este sentido añadió que la juventud que busca trabajo fuera no marcha en las mejores condiciones, “muchos de ellos, afirmó, marchan sin contrato de trabajo o con un empleo precario” y ustedes, “los abocan a la ilegalidad” por miedo a perder la prestación sanitaria.
Prado censuró la “dejadez” del Gobierno gallego por no rebelarse ante el Gobierno del Estado para defender a las personas afectadas por esta medida. Ustedes, concluyó, no pusieron en marcha esta iniciativa para “ahorrar”, lo hicieron por “ruindad”.