Medio Rural ha seleccionado cinco zonas piloto en las que se aplicará el proyecto de forma inicial, cuya fecha de inicio está prevista para el próximo otoño.
El banco de tierras va a ser una respuesta inmediata para satisfacer la demanda de tierras y las necesidades del sector agroganadero, afirmó el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Estas declaraciones las realizaba durante una visita a la zona de aprovechamiento ganadero del monte de Penamá, en Allariz, en la que estuvo acompañado por el conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal.
El banco de tierras, aprobado el pasado mes de junio, es una “iniciativa revolucionaria”, señaló Quintana, un proyecto pionero “no sólo en Galicia sino también en el conjunto del Estado”. Recalcó, además, que este proyecto “se convierte en el gran aliado del medio rural” ya que supone la creación de una plataforma que actúa como intermediaria entre la oferta y la demanda de movilización de tierras agrarias en alquiler. Esta fase de arrendamiento que se pondrá en marcha a partir de septiembre, se hará, según el vicepresidente, con la máxima transparencia y garantías, asegurando el cobro de la renta de alquiler y la devolución de las tierras tras el arrendamiento, sin cambios en la titularidad.
Asimismo, Quintana anunció que el banco de tierras estará “plenamente operativo” en toda Galicia en el próximo otoño y recalcó que el objetivo inmediato de este proyecto es la integración de 10.000 hectáreas de tierra abandonada e improductiva en el mismo antes de finales de año.
En las cuatro provincias
El vicepresidente también indicó que la Consellería de Medio Rural ha seleccionado las cinco zonas piloto “estratégicas”, de especial dinamización, distribuidas en las cuatro provincias gallegas. Se trata de la zona comprendida entre las comarcas de Ordes y Xallas, en la provincia de A Coruña, Terra Chá de Lugo, A Limia en la provincia de Ourense, y la zona del Deza y el Val Miñor en Pontevedra.
Según señaló Anxo Quintana, la selección de estas áreas estuvo determinada tanto por la demanda de tierra existente por parte de los agricultores, como por el elevado peso socioeconómico e incidencia que tienen las actividades agroganaderas en estas zonas.