Así lo manifestó en una rueda de prensa celebrada el jueves 5 de diciembre, en la que informó que los juzgados federales de las localidades de Mar del Plata y Lomas de Zamora dieron lugar a los amparos presentados por la Defensoría del Pueblo en representación de dos emigrantes italianos perjudicados por la circular 5318 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entró en vigor en julio de 2012.
Semino, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por la presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, María Teresa Michelón Martínez, y el responsable del área jurídica de la Defensoría del Pueblo, Duilio Ferlat, señaló que estos fallos marcan, en términos judiciales, “un cambio de humor” que podría sentar jurisprudencia para que todos los emigrantes perjudicados por la ‘pesificación’ de sus remuneraciones vuelvan a cobrarlas en su moneda de origen.
“Son dos pronunciamientos muy interesantes, por lo que seguiremos insistiendo hasta que todos los amparos que siguen en trámite también reciban un fallo favorable y, en caso de que eso no suceda, recurriremos a la Corte Suprema de Justicia”, advirtió.
Ante este nuevo escenario, Semino adelantó que la Defensoría del Pueblo ha exhortado por vía administrativa al nuevo presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, a reformular las medidas dispuestas por la anterior gestión al considerar que estas percepciones “son necesarias para una subsistencia digna” y la necesidad de trato igualitario a la población jubilada extranjera de las distintas nacionalidades, solicitando al mismo tiempo una audiencia presencial a los efectos de dialogar sobre posibles alternativas de solución para beneficio de las partes.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo, inmediatamente luego de que entrara en vigor la resolución 5318 del BCRA, presentó once amparos judiciales en representación colectiva de todos los emigrantes damnificados por la ‘pesificación’ de sus haberes, argumentando el carácter “alimentario” de las pensiones.
En ese sentido, resaltó que tanto en el fallo del juzgado de Lomas de Zamora, que fue confirmado por la Sala Segunda luego de haber sido apelado por el Estado argentino, como en el efectuado por el juez federal de Mar del Plata, no sólo se ha dictaminado la inconstitucionalidad de la circular que impide el cobro en las divisas de origen de las pensiones, sino que además se denuncia ante la justicia penal a los funcionarios responsables por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes públicos.
Semino calificó de “absurda” la aplicación de la circular del BCRA, ya que “su espíritu es el de evitar la fuga de divisas desde Argentina, cuando en este caso estamos hablando de divisas que ingresan al país”, y que la misma entró en funcionamiento sin ningún aviso previo, por lo que muchos pensionistas se enteraron de que sus haberes habían sido ‘pesificados’ al momento de ir a cobrarlos al banco.
“En general se trata de personas cuya remuneración es en promedio de unos 300 euros mensuales, un monto muy bajo que no amerita que el Estado argentino se ponga en una situación tan tozuda, en primer lugar, porque el pago de estos beneficios no representa ninguna afectación real para la economía de este país”, subrayó.
Asimismo, recordó que dado que en Argentina el mercado de divisas está desdoblado entre la cotización oficial y la paralela del dólar (moneda en la que los emigrantes españoles recibían sus haberes), y que ésta última representa un ingreso cercano a un 50 por ciento mayor al cambio en pesos, la ‘pesificación’ representa “un enorme agravio” para los emigrantes, ya que de esta manera el poder adquisitivo de las remuneraciones que reciben disminuye casi a la mitad.
“Más allá de la afectación material, los pensionistas son objeto de un daño mayúsculo, ya que también se ven afectados en cuanto a su seguridad psíquica al representar este beneficio un nexo directo con sus países de origen”, concluyó.