La operación policial se llevó a cabo por orden del juez después de que un empresario del municipio presentara una denuncia por haber sido requerido para pagar comisiones por la adjudicación de concursos y obras en esta localidad.
El presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, cuando se conocieron los hechos, anunció que Antonia Torres fue suspendida de militancia de su partido y como concejal de Vías y Obras.
Por otra parte, la consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, María de la Salud Giol, anunció que ampliará la demanda interpuesta por prevaricación por omisión al director general del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, José Luis Arregui, barajando un supuesto delito del maltrato institucional y mala fe, al haber ingresado cinco nuevos menores extranjeros en el Centro de Atención Inmediata de Gran Canaria. María de la Salud Gil asegura “que esto pone de manifiesto, una vez más, el maltrato institucional al que somete el señor Arregui a la Isla de Gran Canaria y a los menores grancanarios, al seguir trasladando todos los menores extranjeros que llegan al Archipiélago a nuestra Isla”. “Sólo ha de cumplir el convenio y poner en práctica el reparto porcentual de menores entre el resto de las Islas”, añadió.