Destituido el director general de Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip

Por estar imputado en un presunto fraude en la concesión de subvenciones a varias ONG

Josep María Felip.

El que fuera director general de Ciudadanía e Integración de la Generalitat Valenciana de julio de 2007 a marzo de 2008, y que desde 2011 ocupaba el cargo de director general de Cooperación, Josep María Felip, ha sido destituido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, al ser imputado en una trama de presunta malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental en la concesión de ayudas a diversas ONG.

Felip fue detenido el pasado  jueves 23 de febrero y ese mismo día Alberto Fabra ordenó su inmediata destitución al igual que la de otro de los implicados, el subsecretario de Sanitat, Alexandre Catalá, que también tuvo responsabilidades en el área de emigración del Ejecutivo valenciano ya que fue subsecretario primero en la Consellería de Inmigración y Ciudadanía y, más tarde, en la de Solidaridad y Ciudadanía.

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que instruye la causa abierta por el fraude en las ayudas de los fondos de cooperación que adjudicó la Generalitat entre 2008 y 2009, ha dejado en libertad con cargos a 13 personas, de un total de 14 detenidos, que han prestado declaración. Solo uno de ellos, el responsable de la Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana, César Augusto Tauroni, ha sido enviado a prisión.

Josep María Felip quedó en libertad con cargos y sin fianza a primera hora del sábado 25 de febrero, después de prestar declaración ante Molina y el fiscal Jesús Carrasco.

Los detenidos forman parte de una operación policial practicada el jueves 23 de febrero en Valencia por orden del juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la coalición parlamentaria Compromís.

Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Consellería de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado, según atribuyen a fuente jurídicos diversos medios de comunicación, una trama para desviar fondos públicos. Según fuentes de la investigación, entre unas concesiones y otras la suma de fondos públicos para cooperación desviados para otros fines podría ascender a unos 9 millones de euros.