“El facedor de las Leis debe fablar poco e bien”. Así se expresaba el Fuero Juzgo (Liber iudiciorum), ese “monumento legislativo español” que rigió desde la caída del Imperio romano, durante la dominación visigótica, hasta la entrada en vigor del vigente Código civil (segunda mitad del s.XIX).
Más de 245 normas con rango de ley (41 Leyes Orgánicas, 128 Leyes y 76 Reales Decretos leyes) han sido aprobadas en esta Legislatura. Y esto es ya una constante de todos los Gobiernos desde la entrada en vigor de la actual Constitución.
Es verdad que la aceleración de los tiempos, los cambios sustanciales en el desarrollo de las sociedades y la globalización, exigen una continua revisión del “Cuerpo legislativo” que opera en cada país. Pero no es tanto “la diarrea legislativa” la que nos preocupa (que nos preocupa), sino la pésima técnica legislativa y los continuos desaciertos en la regulación de la vida en sociedad, originando con ello confusión e inseguridad jurídica que permite los continuos “sobresaltos” y desconfianza de los justiciables, hasta el punto que, según el último “barómetro” del Consejo General de la Abogacía Española, un 53% de los españoles creen que la “Justicia funciona mal”, frente a un 32% que afirma que funciona bien, y un 13% regular
Repasando los “programas” de alguno de los partidos políticos que concurren a las Elecciones del 20-D, observamos que el PP quiere una “Justicia moderna, rápida y eficaz”. El PSOE propone “derogación de leyes y nuevas reformas”. Ciudadanos, “desaparición del Consejo del Poder Judicial y del Senado”, PNV, “reformar el Código penal y la Ley de Seguridad Ciudadana”. Ninguno de ellos plantea formar un “gran pacto de Estado” para regular, de una vez por todas, no sólo la Justicia, sino también la Educación, la Emigración… y tantos otros colectivos que precisan de un enfoque que se eleve por encima de intereses partidistas y se dirija a ordenar lo que es necesario.
¿Cómo es posible que el Fuero Juzgo haya sido el Cuerpo legislativo que ha servido para ordenar la vida en común de los españoles durante más de 1000 años, y ahora nuestras leyes no sobreviven más de dos inviernos? “El legislador debe hablar poco y bien”, como se advertía en ese sublime Texto y se repetía en una Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 1990 (46/1990) con palabras muy similares
“…El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos (jueces, abogados…) y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas…Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho…”
Parece que todos sabemos lo que está mal, las medidas que hay que adoptar…Pero a la hora de ejecutar tales “buenos deseos”, o no hay capacidad para hacerlo, o no hay voluntad, o las dos cosas a la vez. Una cura de humildad y una radiografía intensa, o mejor un scanner, de los vicios que nos identifican, podría ser el inicio de una nueva etapa en la que la solución a los problemas pasa por aceptar lo que acabamos de exponer: alarmante mediocridad en la técnica legislativa e inexistente intervención de los “operadores” que han de estar presentes en la búsqueda de esa certeza respecto a cómo deber ser la norma que esta sociedad exige. Creemos que ha llegado el tiempo de “hablar poco y bien”. Hay demasiadas leyes, que provocan una alarmante confusión e inseguridad. Y que la norma debe evitar. Por eso desde aquí lo denunciamos para contribuir, con humildad, a mejorar nuestra sociedad ¿O no?