Durante la presentación ante el pleno de las Cortes regionales del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, la consejera de Hacienda afirmó que “los sacrificios que nos esperan son notables”, aunque miró al futuro y confió en que los esfuerzos realizados den “beneficios a medio y largo plazo”, para “recuperar la senda de la convergencia” con otras economías europeas, tanto en términos de actividad económica como de empleo. La titular de Hacienda ha insistido en que los compromisos adquiridos “son ineludibles” y en que “los límites en el acceso al déficit, las obligaciones y responsabilidades asociadas a su reducción están ahí, gusten más o gusten menos…o no gusten”.
Garantizar los servicios públicos esenciales y hacerlo compatible con la estabilidad de las cuentas son, argumentó la consejera, los objetivos del texto presentado, en el que figura la recaudación del Impuesto de Patrimonio, introducir la tarifa autonómica en el Impuesto sobre Ventas Minoristas a determinados Hidrocarburos y la creación de los tributos a las eléctricas y por eliminación de residuos de vertederos.
El debate de totalidad del proyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras se desarrolló mientras en la calle un millar de personas, convocadas por distintos sindicatos, protestó por el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en la administración pública. En relación al aumento de jornada para los empleados públicos reiteró que “ni se busca ni se va a producir la reducción del número de empleados públicos que se viene denunciando”.
Reunión con los grupos parlamentarios
La Junta y los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han pactado esperar a ver cómo queda la ley estatal de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, para desarrollarla a nivel autonómico después. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se reunió con representantes de los grupos parlamentarios, con los que espera alcanzar un “consenso máximo”. Del Olmo ha afirmado que es necesario un acuerdo porque se trata de una normativa «a largo plazo», ya que tiene implicaciones hasta el año 2020, y que «deviene de la normativa europea y de la reforma de la Constitución Española».