De Rosa adelanta un plan de choque que incluye la creación de 11 nuevos juzgados penales

El conseller de Justicia reclama el desarrollo de la Oficina Judicial

Estos juzgados se crearán al margen del juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm, el número 3 de Orihuela y el número 4 de Castellón, que se pondrán en marcha este año.
De Rosa también lamentó la falta de jueces y reclamó una reunión urgente con el ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, para tratar los problemas de la Justicia.
“Si no tenemos jueces, no podremos solucionar el problema de las sentencias penales sin ejecutar, queremos más órganos judiciales”, insistió el conseller, tras recordar que la Comunidad sólo tiene competencias en medios materiales, edificios y funcionariado.
“Pedimos al Ministerio de Justicia 11 jueces y 11 secretarios, y que no lo deje para diciembre de 2009; los necesitamos como máximo el primer trimestre del año”.
Mientras tanto, el departamento que dirige De Rosa pondrá en marcha el plan de choque “que resolverá los problemas de la justicia penal en la Comunidad”. Con una inversión próxima a los tres millones de euros, prevé la creación de 112 nuevas plazas de funcionarios, 77 para Valencia y 35 para Alicante, lo que supondrá un incremento de personal del 41%.
“Es necesaria una reforma importantísima de la Justicia que incluya la puesta en marcha de la Oficina Judicial”, añadió el conseller, quien abogó por la creación de nuevos juzgados para aligerar la carga de trabajo que soportan los ya existentes.
“El secreto está en la territorialización, en evitar la concentración de miles de asuntos en un juzgado y en eludir el traslado de asuntos desde los pueblos hasta la capital”, precisó De Rosa, durante la presentación pública del plan, celebrada el pasado 8 de mayo.
El aumento del número de jueces es, según el dirigente valenciano, una cuestión social. “Ni los edificios ni los funcionarios dictan sentencias”, añadió.
Por lo demás, el conseller expresó su apoyo al reciente diagnóstico del Consejo General del Poder Judicial sobre la situación de colapso que presentan los juzgados penales de ejecutorias en España.