Cuatro muertos y más de 35.500 hectáreas quemadas en tres días trágicos en Galicia

El Ejecutivo autonómico denuncia el terrorismo incendiario y pide que actúe la Justicia

Feijóo acompañó a Rajoy en su visita al puesto de mando contra los incendios.

Se calcula, a falta de datos definitivos, que hubo más de 35.500 hectáreas de superficie afectada. Una cifra a la que habría que añadir las 12.600 que habían ardido hasta ese momento en 2017. Además, hubo que desalojar provisionalmente a cerca de 2.500 personas.

El Consello de la Xunta aprobó el día 19 un paquete de ayudas que incluye aportaciones para reconstruir y recuperar las viviendas habituales, lo antes posible, y medidas de asesoramiento legal para orientar a los afectados y a sus familiares con los trámites necesarios. Cuando se trate de la vivienda habitual las ayudas cubrirán hasta el 100% del coste de las obras necesarias con cerca de 100.000 euros.

El Gobierno gallego abonará hasta 450 euros de la renta de la vivienda en la que se realojen tanto propietarios como inquilinos de hogares deteriorados por la ola de fuegos. Recibirán, además, una ayuda extraordinaria de 600 para formalizar la fianza y las altas en los suministros.

Las ayudas para la rehabilitación cubrirán también la recuperación de viviendas ocasionales, construcciones anexas y menaje doméstico. El límite máximo del importe de la ayuda para la recuperación de la vivienda será el 75% del valor establecido para las viviendas protegidas en el municipio correspondiente.

Estas ayudas a la rehabilitación y alquiler serán complementarias de las posibles compensaciones económicas que paguen las compañías de seguros.

El Ejecutivo autonómico resaltó que el ejemplar trabajo de los efectivos que integraron el operativo antiincendios evitó que hubiera que lamentar consecuencias mayores a las ya vividas, dada la complicada situación que se vivió con condiciones climáticas extremas derivadas del huracán Ophelia, de las rachas de viento, de las altas temperaturas y de la sequía prolongada, además de la elevadísima actividad incendiaria concentrada en pocos días.

El Gobierno gallego, como el resto de las administraciones españolas, lamentó la pérdida de vidas (4 personas) y trasladó a sus familiares sus condolencias y todo su pesar. Dos mujeres de 78 y 86 años murieron en la parroquina de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra), calcinadas en una furgoneta en la que escapaban del fuego; un hombre de 78 años en Carballeda de Avia (Ourense) cuando se vio cercado por las llamas tras intentar abrir la cuadra para que salieran sus animales; y un hombre de 70 años en la zona de San Andrés de Comesaña en Vigo que ayudaba en la extinción de las llamas que cercaban la casa de una amiga y cegado por el humo se precipitó al vacío por un hueco de tres metros de altura.

La Xunta hizo un llamamiento a la unidad de la sociedad en la lucha contra esta lacra y reiteró su condena firme y enérgica de la actividad incendiaria, esperando que sobre los responsables de lo que denominó “terrorismo incendiario” recaiga todo el peso de la ley. Incluso apostó por una reflexión profunda respecto a que un incendiario vaya a juicio “y sea asimilado a delitos de terrorismo”. Además, confirmó los primeros estudios de afectación sobre el patrimonio natural, con el objetivo fundamental de evitar que, a causa de las lluvias, las cenizas lleguen a los ríos y costas.

El presidente de la Xunta acompañó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en su visita a las zonas afectadas.