HUMILLACIÓN A LA DIÁSPORA

Cuando se guillotinaron sus derechos electorales, la ciudadanía en el exterior vio para otro lado

Esta subcomisión concluyó que había que cortarles “las alas” a los emigrantes.

Ya se veía venir. Cuando el Congreso tijeretó los derechos políticos de los españoles que residen fuera casi nadie se alarmó. En algunos puntos de Europa y América algunos afectados montaron minúsculas plataformas de protesta con escaso respaldo,  lanzaron unos cuantos escritos de queja, organizaron un puñado de manifestaciones con una decena de seguidores con pancarta, y poco más.
La emigración no se echó a la calle cuando la humillación más contundente de la historia a los españoles en el exterior quedó sellada.
El contundente recorte de derechos a esta ciudadanía silenciosa quedó argumentado como medida irrenunciable y precisa para enderezar la vara torcida por tantos años de exposición a la trampa. Me explico: como votaban muertos, zombies y desaparecidos, decían, había que ponerle bridas al desatino y legislar con cordura, actualizar los mecanismos de participación y endilgarle a los emigrantes una reforma de la Ley Electoral que les dejaba fuera de las municipales al tiempo que les colgaba la humillación del voto rogado para autonómicas y generales.

Con la nueva disposición se esquivaba el riesgo del voto fraudulento, dijeron, pero eliminaban de cuajo un derecho legítimo y consolidado de la España emigrada que apenas parpadeó. No se echó a la calle ante una tomadura de pelo de las que hacen historia, ante semejante parida de la Comisión Constitucional que pisó el acelerador en el otoño para que el Congreso aprobase antes del invierno una reforma de la Loreg que les dejaba fuera del juego electoral.
Los principales partidos de esta España nuestra se pusieron nerviosos ante el constante incremento del CERA y  cuando el registro llegó a 1.500.000 se dispararon todas las alarmas. Demasiados votos en potencia que le otorgaban a los residentes en el exterior un peligroso privilegio: la posibilidad de modificar lo elegido por los españoles de aquí. Tremendo poder de decisión no podía quedar en manos de unos señores allende los mares que sólo vienen al pueblo cuando cuadra para compartir verano y pasear sus logros; que de España lo desconocen casi todo porque muchos nacieron en las quimbambas y ni siquiera han pisado suelo patrio. Nos le parecía justo a los legisladores que lo emigrantes continuaran ejerciendo su derecho a voto en contiendas municipales y se sacaron de la manga un criterio de vecindad muy rebuscado y discutible, que apenas fue rebatido por un puñado de avergonzados. La inmensidad migratoria tragó.
Eso sí, en una parte de España votaron los de Bildu. Con unos 300.000 seguidores haciendo ruido mediático y amenazando caos, ni el Tribunal Constitucional se atrevió a plantarle cara a estos ciudadanos vascos de primera. Si los legítimos derechos de estos 300.000 demócratas con ikurriña en ristre se hubieran quedado fuera de la contienda electoral los vendedores de vidrieras se forrarían. El número de emigrantes con derecho a voto en los comicios del 22 de mayo pasado duplicaba con creces esta cantidad. Pero como no movieron ficha, ni siquiera amenizaron una tímida cacerolada en algún punto chocolatero del África tropical, se han quedado fuera de la convocatoria municipal para sorpresa y penar de unos cuantos paisanos que por aquí votamos.
Segado de cuajo el derecho a participar en los comicios locales, todavía quedaba el degüello sofisticado del otro lado de la pelea; autonómicas y generales. En este capítulo el proceso sufría tan sólo un reajuste, preciso y despiadado, vendido al respetable como agua bendita para limpiar el pecado de una sospechosa participación de muertos y retornados a manos de familiares y amigos, nefastos apropiadores de papeletas que volcaban sus preferencias políticas en sobre ajeno. Y para evitar maniobra tan macabra, los legisladores pergeñaron la estrategia del voto rogado, que es algo así como robarle la cartera sin tocarle a la calderilla, o la otra alternativa alucinante del voto en urna en establecimientos consulares, que es algo así como pedirle a uno que corra un maratón a la pata coja. Un desastre.
Argumenta el legislador para justificar tal humillación a la diáspora que en España hay que rogar el voto si se quiere votar por correo y que a los emigrantes se le aplica idéntica fórmula. Es decir, que hay que pedirlo. Pero un elector de aquí se acerca a las dependencias de Correos, cubre un impreso de solicitud de la documentación electoral pertinente a la Junta Electoral de su provincia y cuando le llega introduce en un sobre la papeleta de sus amores y listo.
En el caso de los residentes ausentes las cosas cambian. En primer lugar no manifiesta su deseo de votar porque así lo quiere, sino porque no le queda más remedio, no tiene otra opción. Recibe en su domicilio, cuando le llega, un impreso que debe cubrir, franquear y enviar por correo postal a su Junta Electoral si quiere emitir un voto ya que está inscrito en el CERA, esperar la llegada de la documentación con las papeletas, introducir en el sobre la que prefiera, certificarlo todo en la estafeta de Correos y rezar para que llegue a tiempo. Largo proceso, lamentable y frustrante, de demostrada ineficacia y débil argumento que sólo ha servido para tachar de un plumazo la normativa legal que permitía ejercer uno de sus derechos fundamentales a los ciudadanos de España que viven fuera de sus fronteras.
Cuando el 25 de mayo se escrutaron los votos enviados por la ciudadanía en el exterior sólo había llegado un 4 por ciento escaso del Censo. En anteriores ocasiones la participación había superado el 25 por ciento, posiblemente con un par de papeletas de ultratumba. Con las modificaciones expuestas, introducidas a machamartillo ante la parsimonia del colectivo afectado, la participación electoral de los emigrantes quedó reducida a una mísera y humillante referencia.
Pasado el periodo de aceleración y desencanto la ciudadanía en el exterior sigue abocada al deterioro continuado de sus derechos. A pocos meses de unas elecciones generales, en las que muchos ciudadanos que viven fuera se juegan mucho porque mantienen intereses de variopinta envergadura en esta España nuestra y de ellos, los afectados por medida tan dura e injusta siguen sin pronunciarse.
Reconoce el Gobierno ahora que la modificación de la Loreg ha cercenado el derecho electoral de los residentes en el exterior, que del escaso número de votos recibidos ha tenido la culpa el correo internacional y que estudiará a fondo todo el proceso para evitar futuras frustraciones. Y lo cuenta nada menos que el ministro de la Presidencia sin ruborizarse, con disimulo, como si la baja participación les hubiera cogido con la guardia baja.
Y la ciudadanía en el exterior sigue tan pancha.