El número de acogimientos familiares de menores crece de forma constante en Castilla y León. A fecha 30 de junio de este año, 555 niños vivían acogidos en familias de la Comunidad que se han prestado, durante un tiempo planificado, a abrir sus hogares a niños desprotegidos para ejercer su guarda y prestarles una atención familiar mientras los padres biológicos resuelven el conflicto que les impide atenderlos. De enero a junio el incremento se cifra en un 5%. Así, de los 529 acogimientos registrados en la Consejería de Familia, a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, a 31 de diciembre de 2010 se ha pasado a los 555 casos registrados a finales de junio de 2011. Este acogimiento se lleva a cabo en dos tipos de familias: la extensa, con vínculos de sangre con el menor; y la ajena, cuando no hay familiares directos que se hagan cargo del menor. Los datos apuntan a que un 62% de los niños ha encontrado un ‘refugio’ en alguno de sus familiares, mientras que el 37% ha necesitado la búsqueda de una familia diferente a la propia.
El objetivo de todos estos acogimientos, recogidos en la Ley Regional de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de 2002, es proporcionar al niño protegido una atención familiar sustitutoria o complementaria, durante un tiempo determinado, cuando sus padres biológicos no pueden atenderle y cuando la adopción no es posible o no es deseable. Durante el primer semestre del año, la Gerencia Regional de Servicios Sociales ha contabilizado un total de 644 niños en acogimiento no preadoptivo, de los que 243 residían junto a otros familiares y 401 en familias extensas.
Los niños mayores de seis años continúan siendo los casos más frecuentes de acogida. De hecho, representan ya el 77% del global, tres puntos más que en todo el pasado año. 303 niños tenían edades entre los seis y los doce años, y 194 habían rebasado los 13 años. Por el contrario, los menores de cinco años no superan el 18%. A todos ellos hay que sumar los 33 jóvenes que aunque ya han cumplido los 18 años continúan de forma voluntaria en el hogar de sus familias de acogida. El objetivo final es promover el derecho del menor a vivir en un entorno familiar. Y, para ello, se necesitan familias solidarias con el segmento más débil de nuestra sociedad.