Afirmó que se siente “muy orgullosa” de dar una solución a uno de los problemas más demandados por la ciudadanía española en el exterior a través del compromiso del Gobierno de que el importe de la pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser nunca inferior al 50 por ciento de la cuantía de la pensión SOVI establecida en cada momento. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado destinan un total de 6 millones de euros.
Rumí resaltó el hecho de que las partidas destinadas a los emigrantes no se hayan reducido y explicó que esto es una muestra de que los españoles en el exterior “para el Gobierno son una prioridad, tal y como hemos manifestado reiteradamente”. Además de la prioridad política, la secretaria de Estado indicó que las partidas destinadas a los emigrantes son de “gasto social directo” que asegura “la extensión de las pensiones y la asistencia sanitaria para los emigrantes”. Se refirió al incremento de los presupuestos en esta materia, que pasaron de 82 millones de euros en 2004 a 139 en 2010 y el montante de la pensiones de 100 millones en 2004 a 113,7 para el año que viene. Estos Presupuestos, según Rumí, “hacen posible cumplir con los objetivos que nos hemos marcado”.
“En la etapa de expansión económica hicimos reformas para garantizar en el ámbito de la ciudadanía española en el exterior el sistema de prestaciones sociales y extendimos las pensiones y la cobertura sanitaria. Algo que estuvo a punto de estar en riesgo. Bueno, pues se garantizó. Ahora, en una etapa de crisis blindamos el sistema de protección social, aseguramos las pensiones y la asistencia sanitaria; pero también los programas para centros, asociaciones, iniciativas dirigidas tanto a los mayores como a los jóvenes -que por cierto son más del 60 por ciento de los que hay fuera- y todos ellos se consolidan y no sufre ninguna pérdida”, afirmó la secretaria de Estado.
Por su parte, la senadora socialista Matilde Fernández Matilde destacó que en la anterior legislatura y en la actual se han desarrollado el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y la Ley de Integración de los Inmigrantes, “dos herramientas jurídicas potentes, rigurosas, eficientes, claras que permiten enraizar democracia. Ojalá que en todas las áreas se trabajara en la dirección de este compromiso jurídico: Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y Ley de Integración de los Inmigrantes”.