En un aspecto más genérico, presentó las tres grandes prioridades políticas que marca su programa de gobierno para la legislatura: consolidar la recuperación económica, “para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad”; garantizar los grandes servicios públicos que “constituyen la esencia de las competencias autonómicas, y son la clave de la cohesión social”; y “fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad, profundizando en su desarrollo institucional y en su cohesión territorial”.
El candidato del PP a la investidura como presidente de Castilla y León advirtió en su discurso ante el pleno de las Cortes de Castilla y León de que el “desfase” entre las aportaciones del sistema de financiación autonómica y el gasto social de la Comunidad podría obligar a Castilla y León a devolver competencias al Gobierno central. Por ello, exigió la “reforma urgente” del sistema de financiación autonómica para corregir su “actual desfase anual de 500 millones de euros entre las aportaciones del mismo y el conjunto de nuestro gasto social”.
Además, Juan Vicente Herrera anunció su intención de promover una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, la supresión de la totalidad del recargo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos y la introducción de nuevos beneficios fiscales para favorecer el emprendimiento y la creación de empresas, además de posibles reducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges y de no implantar ningún impuesto nuevo que pueda afectar a familias, pymes y autónomos y a elaborar una estrategia contra el fraude fiscal y mayor control en la concesión de subvenciones”. Y ofreció un “suelo mínimo de gasto social” que garantice una cantidad equivalente al 80% de gasto no financiero disponible por las Consejerías que se destinará a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia.
Anunció su compromiso de aprobar al comienzo de la legislatura un plan de inversiones sociales prioritarias por importe próximo a 600 millones de euros encaminadas a crear empleo y reclamó que el Gobierno de España refuerce en la Unión Europea la defensa de la supervivencia de la minería del carbón como un “sector estratégico” buscando “alianzas con otros países para revertir la situación”.
Por otro lado, Herrera apostó por una Reforma del Estatuto de Autonomía “pactada y con el máximo consenso” y centrada en “blindar avances sociales”. En este sentido, incidió en “dar rango normativo y garantía de estabilidad, tanto al Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León”, como a la Red de Protección a Personas y Familias. El segundo objetivo de la reforma pasa por “fortalecer el papel de las Entidades Locales, para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad” y el tercero y último es “incorporar nuevas exigencias sociales en materia de calidad democrática, abordando aspectos como la limitación de mandatos de los responsables políticos y de sus aforamientos, y la limitación del número de posibles consejeros”.
A estos se añadiría “la adecuación del número de Procuradores de las Cortes; la incompatibilidad de éstos con la condición de alcalde de municipios mayores de 20.000 habitantes y el establecimiento de medidas para excluir de sus responsabilidades públicas a todo cargo político al que se abra juicio oral por corrupción”.
Juan Vicente Herrera calificó su programa de “realista, riguroso e integrador”, pero sin oculta “la dificultad y gravedad” aunque “tampoco duda en poner en valor” las fortalezas y posibilidades.