En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Moratinos precisó que según el acuerdo, ya «firmado», los afectados serán indemnizados «en noviembre» con un importe de «alrededor de tres millones de euros» en total.
El ministro argumentó que «avanza» así la mesa de diálogo creada entre el Gobierno español con el Instituto Nacional de Tierras para resolver los casos de expropiaciones a españoles en ese país.
En respuesta a una pregunta del senador de Coalición Canaria Alfredo Belda, sobre la nacionalización de la empresa Agroisleña, fundada hace 52 años por un empresario canario, Moratinos explicó que tras el anuncio de nacionalización el Gobierno español se puso «inmediatamente a trabajar para lograr una solución satisfactoria» para los empresarios españoles.
Así, se empezó entrando en contacto con los afectados, se abordó el asunto con las autoridades venezolanas a través de los canales de diálogo habituales, que son «fundamentales», y por último se decidió «actuar con prudencia» para facilitar una solución aceptable que pasaría por seguir el ejemplo de la venta de la filial del Banco Santander en ese país al Estado venezolano, ha explicado el ministro.
En todo caso, el ministro recordó a los propietarios de Agroisleña que pueden utilizar la Corte Internacional de Arbitraje, cuyo uso permite el acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado por el actual Gobierno español con Venezuela.
Agroisleña se dedica a la comercialización y distribución de productos agrícolas, suministro de semillas, financiación de más de 18.000 productores agrícolas, almacenamiento de cosechas, riegos, y otros servicios relacionados con el sector agroindustrial. Su actividad comercial incide en el 65% de la actividad agrícola de toda Venezuela. La empresa cuenta con unos 2.000 trabajadores y 55 sucursales o filiales repartidas por 20 estados del país.
No obstante, Belda reclamó al ministro una mayor atención a los empresarios españoles y canarios en Venezuela y «más voluntad política» en la defensa de los intereses de aquellos expoliados en Venezuela. “Entre 2005 y 2009, según recordó, el Gobierno venezolano ha ejecutado 762 expropiaciones forzosas de terrenos y empresas, con una tendencia ascendente en el último año, cuando se registraron 374 casos. En estas expropiaciones se han visto afectados cientos de canarios o empresas de origen canario”, señaló el senador.