El Protocolo General de Colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno Vasco supone la normalización de las relaciones entre ambas Comunidades vecinas y concreta el interés mutuo en que los habitantes de las zonas limítrofes reciban la mejor prestación de servicios esenciales y con ello se eleve su calidad de vida. Además, el texto consensuado fija otros dos objetivos. Por un lado, minimizar los efectos de las «fronteras administrativas» que derivan de la pertenencia de los municipios de las zonas limítrofes a una u otra Comunidad -se trata de evitar soluciones de continuidad y mejorar la accesibilidad a los servicios públicos, con independencia de que sean prestados por uno u otro Gobierno-; y por otro, poner en común la experiencia organizativa y de gestión de determinados servicios, e identificar las mejores prácticas que puedan ser útiles en el desarrollo de las políticas públicas de ambas administraciones.
El documento acordado por la Junta de Castilla y León y el Gobierno Vasco es un protocolo que requiere dos consideraciones previas. En primer lugar, cabe destacar que se trata de un protocolo de colaboración, por lo que se ha centrado en los temas que unen y ha dejado de lado los asuntos en los que no hay tanta sintonía. Y en segundo lugar, la distribución competencial interna del País Vasco, en donde las Diputaciones Forales gestionan servicios tan relevantes como la atención a la dependencia o la protección civil, condicionan al Gobierno Vasco para la asunción de compromisos en estas materias.
Con el Protocolo General de Colaboración con el País Vasco, Castilla y León ha suscrito acuerdos con ocho comunidades limítrofes y ha iniciado los contactos con el Gobierno de Cantabria para que los acuerdos específicos ya vigentes se amplíen y se concreten en un protocolo que abarque todas las áreas de Gobierno.
Balance colaboración con comunidades limítrofes
En los últimos cinco años, la Junta de Castilla y León ha firmado más de 30 acuerdos o protocolos sobre diferentes materias: prestación de servicios básicos para la población de las zonas limítrofes o periféricas de la Comunidad, acuerdos en materia de violencia de género o en licencias de caza y pesca. Asimismo, se han firmado acuerdos con las Comunidades Autónomas con territorio en Picos de Europa; con la Comunidad Valenciana para transferencia de aplicaciones informáticas; con las cinco Comunidades Autónomas por las que discurre el Camino de Santiago francés; en el marco de la Conferencia de Gobierno de las Comunidades Autónomas se han suscrito 13 acuerdos de colaboración en distintas materias; y se consiguió el consenso con las 17 Comunidades Autónomas en relación con el dictamen de violencia de género que se presentó en el Comité de las Regiones en octubre de 2009.
Los buenos resultados de la colaboración se reflejan en algunos ejemplos concretos: 21.000 ciudadanos han sido atendidos en un hospital de otra Comunidad autónoma, por ser el más cercano a su residencia; se han trasladado cerca de 600 expedientes de personas dependientes a otra Comunidad; 2.500 alumnos están cursando estudios en un centro escolar o de formación profesional de otra Comunidad. Cabe reseñar que en materia de Protección Civil y Emergencias, en Castilla y León se han atendido 16.000 llamadas del 112 derivadas de otras Comunidades limítrofes; se han realizado 46 rescates conjuntos en zonas limítrofes; y efectivos de Castilla y León han intervenido en la extinción de 60 incendios en otras Comunidades.