El consejero de Fomento de la Junta, Antonio Silván, que comenzó su intervención en el Pleno extraordinario de las Cortes con dos palabras dirigidas al recientemente fallecido secretario general de la Consejería de Presidencia, Santos Villanueva: «Siempre y gracias», subrayó que entre los objetivos de la nueva legislación, «la primera» de estas características en la Comunidad castellana y leonesa, están también la garantía del derecho constitucional a la vivienda digna, la satisfacción de las necesidades de las familias, compatibilizado con el «uso racional y sostenible» del suelo.
En sus 108 artículos, según el consejero, se intenta estimular la promoción y rehabilitación de viviendas, en general, y las protegidas en particular, para lo que cuentan con el apoyo del sector de la construcción, consultado para la elaboración de la norma al igual que el resto de agentes sociales, según Silván.
En su exposición, Silván subrayó que la nueva ley parte de un texto “completo y coherente”, que coordinará las diferentes normativas y dotará de “mayor seguridad jurídica” a los ciudadanos. Con esta norma, añadió Antonio Silván, se hace efectivo un derecho y se da muestra de un “alto grado de consenso y participación” en su elaboración, que dio fruto a un “enriquecimiento” del texto. En definitiva, remarcó, una ley “necesaria, realista y flexible, con vocación de permanencia y con una planificación basada en la coordinación de la oferta con la demanda y que refuerza la protección de los ciudadanos y la lucha contra el fraude”.
Entre las novedades de esta nueva norma está la de la lucha contra el fraude, con sanciones a los promotores de hasta 90.000 euros en faltas muy graves que podrán «ser corregidas al alza» hasta una cantidad igual al beneficio obtenido por el infractor, así como la obligación de que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes elaboren un plan de vivienda.
Con esta nueva norma, que actualiza y ordena la normativa de vivienda regional, se pretende establecer los mecanismos en materia de políticas activas, de coordinación con otras administraciones y de planificación y «garantizar» los derechos y deberes de las personas y familias, la igualdad en el derecho a la vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda, la calidad, habitabilidad y accesibilidad, con especial atención a los colectivos más necesitados, así como la transparencia en la edificación y promoción de viviendas, protección medioambiental y garantías sostenibles.