La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales emitió su segunda valoración del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC), y otorgó a la Comunidad una nota de 6,65 sobre 10, frente al 4,9 de la media nacional, es decir, supera la media nacional en 1,75 puntos.
Cabe destacar que aunque se ha reducido el gasto, esto no ha afectado a la cobertura en Servicios Sociales, donde Castilla y León sigue siendo la primera a nivel nacional. Para ello,se ha basado en la eficacia y la eficiencia en la gestión de servicios públicos, aplicando la reducción presupuestaria no a los servicios ni a la atención directa a las personas, sino al gasto en obras y nuevas inversiones.
El informe coloca a la Comunidad Autónoma por encima de la media nacional en los tres bloques de que consta dicho informe: derechos, relevancia económica y cobertura. Castilla y León destaca sobre el resto de los territorios de España en cuanto a la cobertura de Servicios Sociales a la ciudadanía, alcanzando la excelencia en este apartado.
Mejorar la protección ante desahucios con los jueces
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, firmaron el 24 de junio un protocolo de colaboración en materia de desahucios, por el cual los jueces podrán conocer la situación de las familias en proceso de desahucio antes de su ejecución.
El objetivo es establecer una colaboración permanente entre ambas instituciones en materia de protección de los deudores hipotecarios, así como establecer un marco de actuación e intercambio en los casos en los que se llegue al desalojo de la vivienda en la región. Marcos explicó que el punto “más emblemático” consiste en que permitirá apreciar a través de un informe realizado por los Servicios Sociales de la Comunidad determinar la existencia de situaciones de vulnerabilidad de los deudores hipotecarios frente a legítimos intereses y alternativas que palíen el desamparo. Se trata de facilitar a los jueces la información necesaria “con carácter previo” para que pueda “conocer el riesgo de la familia y la búsqueda de soluciones”, apuntó la consejera.