Castilla y León destina a gasto social el 80% de los 7.628 millones de euros de los Presupuestos para 2016

El incremento de los recursos para las consejerías es de 161,9 millones de euros más que en 2015, un 2,17% más, que lleva el montante de los 9 departamentos del Ejecutivo hasta 7.628 millones, de los que el 80% se destina a gasto social.
La propuesta de cuentas de la Comunidad para el próximo año, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se enmarca en un escenario de consolidación de la recuperación de la economía que hace posible ese incremento. Así, se ha elaborado tomando como referencia una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7%, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8% y un aumento de la tasa de empleo del 2%.
Como es preceptivo, también respeta el restrictivo límite de déficit público del 0,3%, menos de la mitad del 0,7% permitido para 2015, o lo que es igual, el 57,1% inferior. El documento se acomoda asimismo a la llamada regla de gasto y al límite de deuda asignado por el Gobierno de España a la Comunidad, un 18,6% respecto al PIB frente a la media del 22,5%.
Unas Cuentas realistas
Con estos mimbres la Junta ha construido unas Cuentas para 2016 que el presidente Herrera calificó como realistas, creíbles, responsables y por tanto contenidas, que se definen por su carácter social y son coherentes con las políticas prioritarias para el Gobierno de Castilla y León: la recuperación económica y el empleo de calidad, los grandes servicios públicos, el proyecto de Comunidad y la apuesta por el municipalismo. Por eso, se centran en la atención a los efectos de la crisis, reflejados especialmente en una tasa de paro que todavía es muy elevada.
Los Presupuestos suman un total de 9.843.699.243 euros, lo que supone una ligera reducción de 77,1 millones respecto a los que están en vigor, que equivale al 0,78% menos. Esta bajada se explica por el descenso del 15% de las operaciones financieras, que se debe a que el Gobierno autonómico se ha visto obligado a limitar el endeudamiento ligado a las ayudas reembolsables a las empresas -caen el 87,9 %- a raíz de un cambio de criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que este mismo año decidió que ese tipo de préstamos sufragados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) computaran como deuda y así lo contabilizó con efectos retroactivos en 2014.
Precisamente el menor peso de las cargas financieras explica que el montante global de los Presupuestos para el año que viene disminuya y, al mismo tiempo, las consejerías puedan gestionar más recursos. De ahí que se pueda decir que la cifra más importante son los 8.909,9 millones de euros de techo de gasto no financiero para 2016, el 0,99% más que este ejercicio, que añaden casi 87,1 millones de mayor capacidad de maniobra a las arcas del Ejecutivo autonómico. Este montante crece respecto al aprobado por las Cortes de Castilla y León el 23 de septiembre para incluir más transferencias del Estado y fondos europeos y ajustar ligeramente al alza los ingresos propios.
Novedad financiera
Pese a los cambios del Ministerio, las empresas van a poder acceder a más del doble de recursos del Banco Europeo de Inversiones para que puedan hacer realidad sus ideas, gracias a la nueva Lanzadera Financiera de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda para que ningún negocio viable se quede sin ver la luz por falta de recursos.
En paralelo la Junta negocia con el BEI que ponga a disposición de bancos, cajas y cooperativas de crédito 500 millones de euros para proporcionar liquidez a las empresas, cantidad que supera de largo los 235 millones de este año. Como complemento y con el fin de facilitar y simplificar al máximo las gestiones, la ADE se va a convertir en una ventanilla única de entrada de cualquier proyecto empresarial nuevo o ya consolidado. Para ello, se creará una división de financiación que estudiará cada caso y lo asesorará.  
Por otra parte, de cara a 2016 el Gobierno de Castilla y León vuelve a apostar por bajar los tributos a todos los ciudadanos, de modo que vean compensados parte de los sacrificios que han hecho durante la crisis. Así, el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias recién aprobado -que acompaña al de Presupuestos- profundiza en la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con una nueva disminución del gravamen del tramo inferior -para los primeros 12.450 euros- del 10% al 9,5% que, con el ensanchamiento de las bases imponibles de los dos segmentos siguientes, beneficia más a los que menos tienen y a las rentas medias.
A esto se añade la intención de suprimir por completo la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos a partir del 1 de enero, lo que implica que los contribuyentes dejen de pagar 1,6 céntimos adicionales por cada litro de gasolina, gasóleo o queroseno, así como 0,07 céntimos por litro de fuelóleo. Se mantienen, asimismo, los 50 beneficios fiscales que están vigentes en la actualidad, que se estima que ahorrarán casi 260,5 millones de euros a más de 181.000 castellanos y leoneses.
El grueso de esa cantidad tiene que ver con el apoyo a las familias con hijos, una de las grandes prioridades de las ventajas fiscales autonómicas junto a la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el fomento de la I+D+i y la conservación del patrimonio.   
Y se modifica el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias que redefine el concepto de núcleo rural a los efectos de aplicar las deducciones y tipos reducidos para jóvenes por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, lo que permitirá que se acojan a estos beneficios fiscales los habitantes de 69 entidades locales menores y otros núcleos de población.
El resultado de todas estas decisiones tributarias -bajada del IRPF, eliminación del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos y mantenimiento o ampliación de las ventajas tributarias- es que ciudadanos y empresas de Castila y León podrán disfrutar de más dinero en sus carteras, por un importe conjunto superior a los 350 millones de euros.
Mención aparte merece la Renta Garantizada de Ciudadanía, a la que se destinan 69 millones de euros en 2016, que equivalen a un sustancial incremento del 25,52%.