«Ante la denuncia presentada por el representante general del Partido Popular en la Junta Electoral Central, sobre los actos desarrollados y programados desde la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, departamento dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, este organismo, encargado de velar por el cumplimiento estricto de la legislación en materia electoral, ha estimado gran parte de lo denunciado en mi artículo de la semana pasada, sobre los viajes electorales de la Sra. Pilar Pin, disfrazados de actividad institucional.
A la Sra. Pin, la Junta Electoral Central le ha tenido que aclarar o recordar que sus intervenciones, especialmente la que realizó sobre la gestión del gobierno Zapatero en su reunión con los CRE de Argentina, vulneran el art. 50.2 de la Loreg. También le ha señalado la Junta Electoral que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, que disfrazar de acción institucional actos de propaganda partidista vulnera también el contenido de la Ley electoral.
Lo que sería lamentable es que este varapalo de este alto organismo quede en agua de borrajas. Soy consciente de que la Sra. Pin y el PSOE trazaron una estrategia en la que tuvieron en cuenta la disolución de las cámaras parlamentarias –que impiden que sea llamada a capítulo por el Parlamento Español y confrontada por sus ilegítimas acciones- y los plazos de resolución de denuncias de la Junta Electoral. De hecho, mientras este órgano emitía su acuerdo, la Sra. Pin paseaba por el trópico sus fantasías de enviar a ¡2.000.000 millones de españoles! a trabajar a Brasil.
El desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento y mucho más en un cargo público que, si este fuera el caso, demostraría no estar capacitada para ejercer dicha función de una forma responsable. Me temo que el caso de la Sra. Pin es mucho más grave puesto que los indicios apuntan a que, de nuevo, la Sra. Pin a puesto los intereses del PSOE y los suyos propios por encima del interés general, del de los 46.162.024 españoles entre los que incluyo a los casi 2.000.000 de ciudadanos que residen en el extranjero.
No es comprensible que, después de este acuerdo de la Junta Electoral Central, el mínimo sentido de decoro o ética institucional no haya conducido a la Sra. Pilar Pin a presentar su dimisión. Tampoco es admisible que, si esta dimisión no se produce, el Ministro de Trabajo e Inmigración no la haya cesado de forma fulminante.
Sra. Pin, podría y me gustaría ser generoso en mi valoración si este triste episodio fuera la primera vez que se produjera pero por desgracia, en su caso, este tipo de actuaciones son una tónica general de su acción institucional como ya se demostró con su cese –esta vez sí, fulminante- cuando usted dirigía la Fundación Galicia Emigración.
El PSOE ha promovido una legislación electoral que ponía bajo sospecha de fraude a nuestros ciudadanos en el exterior, ha limitado los derechos electorales de nuestros ciudadanos residentes ausentes y ha dificultado el ejercicio de este derecho hasta provocar que más del 95% de los españoles que viven en el extranjero no participen en nuestros procesos electorales. ¿Para qué? ¿Para seguir caciqueando el voto? ¿Para seguir utilizando recursos públicos –suyos, míos, de todos los españoles incluidas los millones de familias sin ingresos- en beneficio de sus estrategias electorales? ¿Para utilizar a Consejeros de Trabajo y jefes de sección de las consejerías de nuestras Embajadas como agentes electorales y séquito en sus viajes? ¿Son tal vez estas las políticas de “estímulo” de las que habla el candidato Rubalcaba, seguir malgastando el dinero público en viajes fastuosos, sin sentido práctico ni en beneficio real de nuestros ciudadanos, en vez de ajustarnos a nuestra realidad económica y sumar voluntades y esfuerzos en base a la confianza, al trabajo y a la honestidad?
Demasiadas preguntas y una sola respuesta. Este es el momento de cambiar políticas, de regenerar una ética de lo público, de que la política se ponga al servicio del ciudadano y no al contrario, de consolidar realidades y bajar de la nube de la grandilocuencia de los discursos vacíos.
Sra. Pin, aún tiene la oportunidad de engrandecerse reconociendo sus graves errores y dimitiendo del cargo que ostenta. Esa es la única lección de ética institucional que nos puede y debe enseñar.
A los españoles en el exterior, una vez más, pedirles excusas por el infame trato que se les ha dado en estos últimos meses. La triste paradoja final de este lamentable proceso de deriva democrática ha sido convertir a la victimas en victimarios.
La única justicia efectiva es reparar el daño causado, promoviendo y consensuando con nuestros ciudadanos en el exterior una participación electoral activa, responsable y dotada de todas las garantías democráticas».
Santiago Camba Bouzas
Coordinador de Acción Exterior del Partido Popular de Galicia