Esta medida fue anunciada el pasado 19 de mayo por el consejero de Familia, César Antón, en un rueda de prensa conjunta con los responsables de Cáritas, Cruz Roja y Red Española de Lucha contra la Pobreza (EAPN España), tras un reunión en la que estuvieron también presentes los responsables del Banco de Alimentos y la Federación Regional de Municipios y Provincias.
Su creación se lleva a cabo en un contexto especialmente sensible como es la crisis económica, factor por el que, según informaron las entidades sin ánimo de lucro, han crecido entre un 30 y un 50 por ciento las personas y familias que buscan ayuda. Al respecto, Antón señaló que lo “importante” y que se ha puesto de manifiesto en el encuentro desarrollado ,”es que existen resortes para que estas personas puedan afrontar esta situación, con especiales características, pero que se atienden en la medida de los posible y que a partir de hoy se reforzarán”, como son los Centros de Acción Social (CEAS) –para el asesoramiento y atención-, así como la ayuda prestada por las ONGs.
Las Comisiones de Inclusión Social, cuya resolución para su creación, organización y funcionamiento se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, se perfilan como órganos de coordinación a nivel provincial para conocer más en profundidad la situación de las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Su creación se lleva a cabo en un contexto especialmente sensible como es la actual crisis económica, por lo que uno de sus objetivos prioritarios es dar una respuesta rápida, eficaz y coordinada a las situaciones de necesidad.
Entre sus funciones figurará el intercambio de información, la promoción de actuaciones, seguimiento de programas y elaboración y transmisión de propuestas a las administraciones y a los agentes implicados. También garantizarán la atención individualizada en los programas y servicios, reforzando notablemente los recursos humanos, así como la formación y el apoyo a los profesionales que trabajan con las personas en situación o riesgo de exclusión social. Asimismo, garantizarán la atención a las personas y colectivos más vulnerables, con una mayor dotación económica en los programas y en las prestaciones.
Pilares de atención social
En la reunión se ha evaluado la situación económica y social actual, así como la puesta en marcha de estrategias comunes para mejorar y fortalecer la atención a las personas Castilla y León que se encuentran en una posición más vulnerable. En este sentido, César Antón recordó que en la Comunidad existen cuatro pilares de atención social para las personas en riesgo de exclusión, como son el sistema de protección social por desempleo, diferentes ayudas económicas específicas, la renta garantizada de ciudadanía y la ayuda extraordinaria de 421 euros al mes a las personas que ya no perciban prestación por desempleo.
Familia destina este año 10,4 millones de euros a este cometido
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, destacó el esfuerzo presupuestario de la Junta, que en 2009 dedica 10,4 millones de euros a inclusión social, lo que supone un 15,14% más que en 2008. De esta cantidad, 8,3 millones de euros están destinados a programas de integración. Otros dos millones de euros se dedican a ayudas de emergencia social, cantidad que representa un aumento del 75% con respecto al pasado año, para este tipo de ayudas de carácter puntual cuyo objetivo es afrontar gastos básicos de un hogar como electricidad, alquiler o comida.
Antón señaló que el dinero destinado a estos fines no supone una aportación nueva en los presupuestos de la Consejería para este año, sino que supone un “mayor ajuste” dirigido contra el peligro de exclusión “que ha aumentado con la crisis económica” y que se prueba por “un 60% más de peticiones de la ayuda de Ingreso Mínimo de Inserción respecto a la misma fecha del año pasado” y que en total son ya beneficiarias 2.549 familias en la Comunidad. El gasto en ese concepto ascendió en 2008 a un coste total de 11,3 millones de euros. Por todo ello la financiación destinada al Ingreso Mínimo de Inserción, que en 2008 ascendió a 11,3 millones de euros, también se incrementará. Este esfuerzo presupuestario por parte del Ejecutivo autonómico se produce no sólo en un contexto de crisis, sino también en un momento en el que el Gobierno de España ha dejado de financiar programas de atención social (integración gitana, acogida de inmigrantes, voluntariado, jóvenes infractores, , alzheimer, Plan Gerontológico) por 11 millones de euros.
La crisis duplica las demandas de ayuda
Los representantes de las tres entidades presentes en la reunión, EAPN España, Cáritas y Cruz Roja, han valorado la creación de las comisiones de inclusión social como un paso positivo de cara a facilitar y agilizar la concesión de ayudas, y como un instrumento útil para coordinar actuaciones. Asimismo, destacaron que las demandas de atención que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONGs) de la Comunidad se han duplicado en los últimos meses a causa de la crisis económica, sobre todo las que se refieren a la búsqueda de empleo, la obtención de alimentos o ayuda con las rentas económicas o para vivienda. El representante de Cáritas, Fernando Carrasco, ha indicado que en los últimos meses se han sentido “desbordados” por personas y familias que acuden a pedir ayuda a estas organizaciones, por lo que han tenido que reforzar sus servicios con algún auxiliar. “Muchas de ellas no habían venido nunca, pero otras habían dejado de hacerlo y han vuelto ante la pérdida de un empleo, que nosotros les ayudamos a buscar hace algún tiempo”, ha concretado. A juicio de Carrasco, “en esta época difícil hay que intentar llegar más lejos con menos dinero” y planteó situaciones traumáticas a corto plazo cuando no puedan afrontar los gastos corrientes “alrededor de unas 7.000 familias que pronto quedarán sin ningún tipo de prestación por desempleo y que es más preocupante en el caso de los emigrantes”. El portavoz de la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN España), Juan Manuel Polentinos, analizó que, este año, existe un incremento “de cerca de un 30%” en las personas que se acercan a preguntar por ayudas a las distintas agrupaciones que forman la Red contra la Pobreza. Además, ha aseverado que además de pedir ayuda para encontrar un empleo, las personas que acuden a sus centros piden productos de primera necesidad como alimentos, o asesoramiento para pagar rentas económicas o la hipoteca de viviendas.
También Cruz Roja detecta estos problemas cada vez con más frecuencia. El secretario regional de esta organización, Jorge Neila, hace incidencia en la vuelta de personas que ya habían encontrado su lugar en el mercado de trabajo