El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, impulsor de la Ley, añadió que es la primera Ley en España que cubre todas las contingencias que pueden suceder en la labor solidaria de estas personas.
Blasco detalló, que la nueva Ley Valenciana del Cooperante “contempla un total de 84 medidas, en forma de derechos y prestaciones para apoyar y facilitar a las personas cooperantes el desarrollo de su labor, así como para fomentar la solidaridad de la sociedad valenciana en los países que más lo necesitan”.
El Estatuto del Cooperante es la novena iniciativa legislativa que Rafael Blasco saca adelante en lo que llevamos de legislatura, y según sus propias palabras, una de las que más “orgulloso” se siente “porque supera y cubre las deficiencias del Decreto estatal y pone las cosas en su sitio”. En la Comunidad, hay 300 personas que se dedican a la cooperación durante todo el año aunque, por ejemplo, este verano serán unos 25.000 valencianos los que se desplazarán al exterior para ayudar en los países empobrecidos. Todos ellos son potenciales beneficiarios de la nueva normativa impulsada por Blasco.
Principales medidas
Entre las más de 80 medidas positivas que incorpora la nueva normativa, destaca la inclusión de la familia del Cooperante, olvidada en la norma estatal a pesar de las reivindicaciones de los propios cooperantes al Estado. En concreto, contempla prestaciones a favor del cónyuge o pareja y de los hijos menores o discapacitados de la persona cooperante, satisfaciendo así una reivindicación histórica del sector.
El Estatuto también prevé la indemnización de las personas cooperantes valencianas en caso de ser víctimas de secuestro u otros actos violentos. La Ley contempla tanto daños físicos como psíquicos y la Generalitat puede incluso reembolsar como indemnización los gastos por desplazamiento. Además deberá estar asegurado, en todo caso, la repatriación en caso de accidente o enfermedad grave, fallecimiento, catástrofe o conflicto bélico en el país de destino.
Otro de los grandes avances de esta Ley, según el conseller Blasco, es la inclusión de dos colectivos no contemplados en la normativa estatal como beneficiarios de los mismos derechos que las personas cooperantes valencianas: los misioneros y los voluntarios. “Se reconoce, así, la labor de ambos colectivos en la cooperación al desarrollo de los países estructuralmente empobrecidos, equiparándolos a los cooperantes profesionales porque su labor es igual de loable y es de justicia este reconocimiento”, ha detallado el conseller.