El acto que se celebró el 13 de abril en la Universidad Complutense de Madrid, organizado por los sindicatos UGT y CCOO, con la asistencia de sus máximos representantes, del rector y de otras numerosas personas, entre las que se encontraban el secretario de Estado Gaspar Zarrías y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Pedro Castro, fue el escenario de fuertes críticas al Tribunal Supremo, por estar a punto de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo e ignorar así la ley de amnistía.
En el acto, el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo llegó a decir que el Tribunal Supremo es un instrumento de la actual expresión del fascismo. Ante lo sucedido, el presidente del PP, Mariano Rajoy, señaló que Gaspar Zarrías debería dimitir, ya que participó en dicho acto, “claramente antidemocrático”. “Todas las personas, desde la más importante a la más humilde son iguales ante la ley”, indicó. Añadió que “ojalá no se vuelva a repetir el espectáculo de ayer”, en referencia al acto de los sindicatos. Desde el Gobierno defendieron lo ocurrido como un acto de libertad de expresión y el ministro de Fomento, José Blanco, a título personal, manifestó su desacuerdo con que se vaya a sentar a Garzón en el banquillo por este caso. El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, criticó el acto, mientras la Facultad de Derecho de la propia Complutense expresó un rechazo más contundente. Un grupo de artistas, encabezados por el cineasta Pedro Almodóvar, también se pronunciaron a favor de Garzón y protagonizaron un encierro.
Demanda de descendientes en Argentina
Decenas de organizaciones apoyaron una demanda que se presentó en Argentina para que la Cámara Federal abra juicio por dos casos de crímenes de la Guerra Civil española, firmada por dos decendientes de españoles. Una de las personas que suscriben la demanda es el hijo del que fue alcalde de las localidad lucense de Castro de Rei, Darío Rivas, que a sus 91 años quiere encontrar los restos de su padre, que fue fusilado en 1936 y enterrado en una cuneta en Portomarín. El otro caso es el de la abogada Inés García Holgado, que busca los restos de su tío.