Será una vez esté aprobada la reforma del Código Civil que extiende el derecho a la ciudadanía a las siguientes generaciones.
El Principado cuenta con tres trabajadores sociales en Argentina, Venezuela y Cuba, además de una red de voluntarios distribuidas por todos los centros asturianos de Latinoamérica, recursos que jugarán un papel importante a la hora de asesorar a los descendientes de asturianos a que aspiren a alcanzar la nacionalidad española.
Así lo aseguró el director de la Agencia Asturiana de Emigración, Luis Miguel Fernández Romero, que, comentó que la idea es divulgar folletos explicativos –los centros asturianos en el exterior servirían de canales de información- en los que “la gente a través de una serie de ejemplos o supuesto sabrá si pueden acceder o no a la nacionalidad sin tener que entender de derecho ni de leyes”.
El Principado está a la espera a que la reforma del Código Civil se apruebe en Parlamento y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Inmediatamente después de la publicación será estudiada por los servicios jurídicos del Principado y con su informe a analizaremos cómo debe ser la campaña”, declaró Fernández Romero.
Según el director de la Agencia de Emigración nada más hacerse pública la intención del Gobierno de ampliar la extensión de la nacionalidad española ya se empezaron a levantar expectativas con petición de información a los consulados de España en países como Argentina, Venezuela, México, Brasil.
“Se espera una demanda muy importante. No está aprobada la reforma y ya se están alimentando expectativas que igual no se van a poder cumplir, porque para que un nieto tenga la nacionalidad española también la tiene que tener resuelta su padre y su abuelo”, señaló Fernández Romero, que apuntó que “lo más prudente” habría sido estudiar el impacto que podría tener una reforma en esta línea del Código Civil, aprobarla y luego difundirla.
Fernández Romero atribuye a intereses electorales la prisa del Gobierno en anunciar unas medidas que, a pesar de que serán una realidad en cuestión de meses, nadie sabe cuántas personas pueden ser beneficiarias de las mismas. Y eso que tendrán un coste importante porque el acceso a la nacionalidad española supone también el acceso a unos derechos.