En una conferencia organizada en Madrid por el Foro Nueva Economía, a la que asistieron unas 400 personas y que contó con la presencia de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, junto a numerosas personalidades representantes de la empresa y las instituciones, Areces describió una región asturiana que ha crecido por encima de la media en cuanto a empleo, creación de tejido industrial y convergencia con España y Europa y que está en condiciones de seguir progresando en el futuro.
A juicio de Areces “la buena salud del sector industrial es garantía de futuro” y en cuanto a la ralentización de la actividad de la construcción que se apunta como uno de los causantes de esta desaceleración de la economía el presidente señaló la necesidad de “una reorientación” de la actividad hacia la vivienda protegida.
A juicio de Areces es “lógico” que el sector inmobiliario no pueda seguir con este ritmo frenético, pero añadió que “no hay ningún dato que nos diga que va a caer la vivienda protegida, aunque es verdad que la libre tendrá que acomodarse”. Por eso una de las prioridades de su Gobierno será atender esa demanda.
Areces mostró su confianza en las empresas asturianas que, junto con las iniciativas públicas, han sido decisivas para superar la crisis sobrevenida por las reconversiones de sectores maduros, para que sepan competir hacia afuera.
Confianza empresarial
A juicio del presidente el empresario que invierte en Asturias tiene confianza porque en los últimos años la región se ha beneficiado de una inversión tanto del Estado como del Principado, que ha tenido un ritmo inversor sostenido.
Según Areces el esfuerzo inversor realizado en los últimos cuatro años tanto desde la iniciativa privada como desde la pública permite mirar hacia el futuro con confianza.
En el coloquio abierto tras pronunciar una conferencia sobre competitividad, empleo y bienestar en Asturias, Areces, defendió la legitimidad del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para prometer una devolución de 400 euros con cargo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en plena precampaña, y que ha suscitado fuertes críticas tanto por el PP como por los sindicatos que lo consideran nada progresivo ya que beneficia por igual a rentas altas y bajas.