La Junta de Andalucía dio el visto bueno a un decreto que protege la propiedad de los descubrimientos e incentiva a los investigadores. El sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma se convierte en la primera institución en España en patentes en el área de salud en 2011.
El Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regula la propiedad intelectual e industrial en materia de salud. El reglamento uniforma, garantiza y protege los avances innovadores y científicos, descubrimientos y resultados de las investigaciones que desarrollan los profesionales del sistema sanitario público andaluz. La norma será de aplicación para el personal estatutario, laboral o investigador en formación de las agencias y demás entidades instrumentales dependientes de la consejería competente en materia de salud que desarrolle su trabajo utilizando los recursos de cualquier centro público de la Administración sanitaria.
El decreto tiene como objetivo salvaguardar los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación como condición indispensable para que pueda producirse la transferencia de resultados y, por tanto, su puesta a disposición del bienestar ciudadano. La norma, además, establece los cauces y plazos necesarios para proteger la propiedad de este trabajo y establece el reparto de los beneficios de la investigación.Así, los profesionales tendrán quince días para comunicar por escrito los resultados susceptibles de ser protegidos a la entidad competente, que será la que valore la conveniencia de dicha protección.
Tanto las agencias como las demás entidades instrumentales tendrán la obligación de incorporar a los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo la consideración como mérito de los resultados de investigación, desarrollo e innovación obtenidos.El personal investigador que haya obtenido un resultado protegido recibirá además un incentivo económico especial. Su cuantía dependerá de los ingresos brutos anuales de la patente. De este modo, para aquellas que reporten hasta 10.000 euros, se determina un reparto del 65 por ciento para el investigador y del 35 por ciento para la entidad titular; para las que estén entre 10.000 y 50.000 euros, el reparto será del cuarenta por ciento y el sesenta por ciento; mientras que para los resultados que reporten más de 50.000 euros se fija en el 34 por ciento y el 66 por ciento de modo respectivo.
El sistema sanitario público andaluz se sitúa, así, como el primero a nivel nacional que regula esta actividad, que ya estaba normalizada en las universidades y los organismos públicos de investigación. Si bien, la norma andaluza incorpora aspectos que la sitúan entre las más avanzadas del panorama nacional e internacional. BalanceEn los últimos años, el número de publicaciones en revistas científicas aumentó en un 64 por ciento (al pasar de 1.878 en 2006 a 3.087 en 2010), un crecimiento que asciende al 97 por ciento en el caso de las publicaciones del primer cuartil (de 239 a 472), es decir, aquellas que tienen mayor relevancia dentro de su área. En lo que al impacto de las publicaciones se refiere, el aumento es el 118 por ciento, pasando de 2.516 puntos en 2006 a 5.485 puntos en 2010.Asimismo, desde 2006 se registraron en el marco del sistema sanitario público de Andalucía un total de 224 patentes (pasando de las tres de 2006 a las 94 de 2011).
Según los datos provisionales del pasado año de la Oficina Española de Patentes, el sistema sanitario público andaluz es la primera institución española en número de patentes en salud y biomedicina.Además, se obtuvieron las 24 licencias de explotación registradas desde 2006, un total de cuarenta colaboraciones y acuerdos con empresas para proyectos I+D+i que han generado, solo el pasado año, ingresos por más de 1,8 millones de euros, y se crearon cuatro empresas spin-off (una en 2010 y tres en 2011), firmas de base tecnológica a partir de invenciones e innovaciones de los grupos de investigación del sistema sanitario público.