El Ejecutivo balear señala que con la creación de la Agencia Tributaria se quiere establecer un criterio unitario de gestión en materia tributaria fundamentado en los principios de objetividad, eficacia, eficiencia y transparencia, con especial atención al servicio a la ciudadanía, a la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito tributario, a la lucha contra el fraude fiscal y a la potenciación de la colaboración con las otras Administraciones públicas y, en particular, con la Administración tributaria estatal.
Señala el Govern que la Agencia debe tener un mayor nivel de autonomía y flexibilidad, de manera que debe contar con unos recursos y servicios generales propios y especializados por razón de la materia, especialmente en lo que se refiere a personal y a la gestión económico -financiera, como también con unos medios económicos suficientes para poder ofrecer un servicio de calidad, evitando los obstáculos burocráticos que puedan entorpecer el ejercicio de sus funciones.
Se prevén mecanismos para el control de la eficacia y la eficiencia de la Agencia respecto al cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, se prevé la elaboración de un plan anual de actuación, que debe contener la previsión de los resultados que se quieren conseguir, y que será objeto de un seguimiento continuado y de un informe en el Parlamento balear.
Comisión asesora
Habrá una comisión asesora de la Agencia Tributaria, en la que deberán estar presentes representantes de los Consells insulares y de los Ayuntamientos de las Islas Baleares, así como también representantes elegidos entre los colegios profesionales, las entidades académicas y las organizaciones económicas y sociales.
El capítulo quinto del proyecto de ley regula las relaciones interadministrativas, con especial atención a la necesidad de establecer instrumentos de colaboración con otras Administraciones públicas, en particular con las entidades locales y con la Administración tributaria estatal, y las relaciones con el Parlamento, al que se debe informar anualmente.