Coordinado por la Consejería de Justicia e Interior y en el que participarán todos los departamentos del Gobierno andaluz, establece 172 medidas agrupadas en 11 áreas: socioeducativa; sociolaboral; sociosanitaria; inclusión y bienestar social; equipamiento, vivienda y alojamiento; cultura, ocio y participación; atención jurídica; formación; investigación; sensibilización social, y cooperación internacional.
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, precisó que este plan se centra especialmente en la gestión de la diversidad, mientras que los dos anteriores lo hacían en la acogida y la integración de la población inmigrante. “En Andalucía, la inmigración es un hecho estructural, no coyuntural”, citó.
Los presupuestos de la Junta hasta 2016 prevén inicialmente para estas políticas unos 1.257 millones de euros. Más de la mitad se destinarán a proyectos educativos, dirigidos especialmente a la enseñanza del español en aulas de adaptación lingüística y al mantenimiento de las culturas de origen a través de actividades extraescolares. Actualmente, más de 90.000 alumnos extranjeros están matriculados en los centros educativos no universitarios de Andalucía (el 86% en colegios e institutos públicos).
Dentro del área sociosanitaria, las medidas previstas ponen el énfasis en garantizar la atención a toda la población inmigrante. En el sociolaboral, en el desarrollo de servicios de asesoramiento y asistencia en materia de empleo; y en vivienda en grupos de especial dificultad para el acceso y en trabajadores temporales desplazados de sus residencias habituales.
Las medidas de inclusión y bienestar social se dirigen sobre todo a facilitar el acceso de la población inmigrante a los servicios y recursos públicos. Para reducir el efecto de las barreras lingüísticas, se creará un servicio de interpretación simultánea mediante teléfono móvil. Asimismo, el plan refuerza la atención a los menores extranjeros no acompañados y el acogimiento de víctimas de explotación sexual.
Del resto de iniciativas previstas, destaca el reforzamiento de la atención jurídica gratuita a través de la creación de servicios específicos para personas extranjeras en los Colegios de Abogados. Asimismo, se ofrecerán cursos de formación especializada a los profesionales de los Servicios de Atención Jurídica al Detenido y del turno de oficio. El área formativa también prestará especial atención al personal de la gestión local y al empresariado, dada la importancia de estos dos colectivos en las relaciones con la población inmigrante.
Andalucía cuenta actualmente con un censo de 657.815 personas extranjeras, incluidos los de origen comunitario. Los países con mayor aportación son Marruecos (125.258), Rumanía (98.195), Reino Unido (90.827) y Alemania (19.342), seguidos de Italia, China, Colombia, Bolivia y Argentina, entre otros.