«Estamos ante uno de los Proyectos de Ley más significativos de esta legislatura, que nos permite recorrer el camino hacia la modernización y la mejora y orientado al bienestar de los ciudadanos de Castilla y León», manifestó el consejero, quien agregó que se trata de una norma «necesaria» para desarrollar el Estatuto e «imprescindible» al establecer la organización general de todos los recursos e incluir prestaciones asistenciales necesarias.
La nueva norma, que consta de 78 artículos estructurados en once títulos, sustituirá a la de 1993, recoge todo lo necesario para la optimización de los recursos y apuesta «sin fisuras» por la calidad asistencial de los destinatarios. Incluye como novedades, la figura del Defensor del Usuario y de sanciones cuantificadas por agresión a facultativos; la optimización de la ordenación territorial y funcional del sistema a través de demarcaciones sanitarias; el avance en la formación y la investigación, y la regulación de prestaciones sanitarias y carteras de servicios.
El consejero remarcó también que la nueva norma distingue hasta cinco áreas funcionales, en lugar de las dos actuales -atención primaria y atención especializada-, a las que se añaden las de salud pública, urgencias y emergencias y la de atención sociosanitaria.
También regula un régimen sancionador en el que se distinguen tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Entre estas últimas, con multas que oscilan entre los 60.001 y 600.000 euros, figuran precisamente las agresiones a los profesionales de las instituciones sanitarias y centros del Servicio de Salud de la Comunidad, así como la «resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión».