Se trata de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela.
Por ahora, según Elorza, estos convenios afectarán a algo más de un millón de personas aunque sólo unas 650.000 podrían estar en condiciones de votar en las elecciones municipales de 2011, ya que se les exige haber cumplido cinco años de residencia en nuestro país. Además, en esa cifra hay que incluir a los alrededor de 300.000 iberoaméricanos que han adquirido la nacionalidad española en los últimos años y podrán ejercer su derecho como tales. El número de españoles residentes en dichos países inscritos en el CERA, sin contar Venezuela, asciende a 377.280.
De estas negociaciones han quedado fuera 120 países, algunos con importante presencia inmigrante en territorio nacional como Marruecos, Brasil, México o República Dominicana, porque su legislación impide votar a los extranjeros. España les invitó en noviembre a estudiar una reforma de sus leyes pero no lo han considerado conveniente.
El representante de Exteriores trató de despejar las inquietudes de la oposición, especialmente PP y CiU, pero reconoció que, mientras que España pone la misma condición a todos los inmigrantes (cinco años de residencia), nuestros emigrantes quedan sujetos a distintas condiciones para votar en esos países en función de la legislación de cada uno de ellos.
En Burkina Fasso, por ejemplo, se exige estar al día del pago de impuestos; en Uruguay sólo se permite el voto a personas con familia legalmente constituida y, en caso de los extranjeros, con quince años de residencia; en Argentina, la legislación electoral está descentralizada y da la casualidad que hay dos provincias (La Rioja y Formosa) que prohíben votar a los extranjeros; y en Perú no se permite el voto de extranjeros en municipios fronterizos.
PP y CiU valoraron las explicaciones de Elorza, que les prometió un informe más detallado sobre esas condiciones particulares para nuestros emigrantes. Aunque admiten que la negociación de los convenios era potestad del Ejecutivo en ejercicio de sus competencias constitucionales, insistieron en echar en falta un mayor grado de consenso previo. En cualquier caso, no se plantean bloquear la ratificación parlamentaria de los acuerdos.
Más tiempo para analizar la reforma electoral
Por otro lado, la Comisión Constitucional del Congreso está esperando que el Pleno de la Cámara le conceda una prórroga hasta el 30 de junio de 2010 para concluir los trabajos sobre la reforma de la ley electoral. La Comisión debería finalizar sus labor a primeros de octubre, algo que no va a ser posible ya que todavía deben analizar detalladamente tanto las cuestiones técnicas sugeridas en un informe por la Junta Electoral Central como el dictamen del Consejo de Estado que entró en las cuestiones de fondo del sistema electoral como pueden ser la circunscripción electoral, el aumento del número de escaños y la representación de los españoles residentes en el extranjero.
Declaraciones de Núñez Feijóo
Sobre este punto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press el lunes 21 de septiembre que sería "fundamental" acabar con un "anacronismo democrático que los gallegos conocen muy bien, que es el voto de las sacas de Correos del voto emigrante", pues “el resultado de las urnas no se puede modificar por el resultado de las sacas”.
En su opinión, habría que hacer un ajuste en la Ley Electoral para que el voto de cualquier español sea en urna en consulados o embajadas, con identificación previa del votante y mediante un transporte a través de embajadas de los votos. Agregó que es necesario “blindar que en una Comunidad Autónoma, en un Ayuntamiento o en España gobierne el que gane, y el que pierda que se vaya a la oposición, que es lo que habrán querido los ciudadanos”.