Alicia García destaca que Castilla y León siga liderando con sobresaliente la gestión de la dependencia en España

No en vano, una vez más, una asociación nacional de profesionales de los Servicios Sociales reconoce la buena gestión de la Ley de Dependencia que se realiza en Castilla y León al otorgar, por octava vez consecutiva y en solitario en España, un sobresaliente -un 9,6 sobre 10-. Son datos del XV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Alicia García destacó que este dictamen reconoce que Castilla y León posee la menor lista de espera en acceso a las prestaciones de España, con un 99,24% de personas con prestaciones reconocidas frente al 85% en el conjunto de España; posee el mayor porcentaje de personas con prestaciones en relación a la población, con un 2,49% frente al 1,60% del conjunto nacional, o una proporción mayor de personas recibiendo servicios profesionales en lugar de la prestación económica de cuidados en el entorno que debe ser excepcional según la Ley, con el 66% de personas recibiendo servicios profesionales frente al 52% del conjunto de España. En Castilla y Leon existe plena atención a las personas con gran dependencia y dependencia severa y en el último año se siguió incrementando el número de atendidos.
Razones para un éxito
La ligera variación de unas décimas respecto al último dictamen de hace medio año se debe a que el número de personas de grado III atendidas en Castilla y León está por encima de las previsiones del Libro Blanco de la Dependencia y a que el nuevo baremo estatal es más exigente para poder acceder a este grado. No obstante, esta variación es porcentualmente menor que en el resto de España.
La consejera se refirió a que el éxito de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León se debe, fundamentalmente, al compromiso del presidente Juan Vicente Herrera con la atención a las personas en situación de dependencia, al consenso e implicación de los distintos agentes sociales como diálogo social, entidades del tercer sector o distintas administraciones y a la entrega y dedicación de los profesionales de los Servicios Sociales.
Nuevos retos para mejorar
García insistió en que la Junta no se conforma y seguirá avanzando para mejorar el sistema a través de los compromisos adquiridos con los ciudadanos, como que se están incorporando al sistema, con la mayor celeridad posible, a las más de 20.000 personas dependientes del grado I y aseguró que, en la actualidad, se está comunicando a 7.500 interesados la concesión de prestaciones. Y señaló también que la Junta va a reducir progresivamente el tiempo de resolución de las prestaciones, de los 6 meses de la normativa estatal a 3 meses y que se va a potenciar en una nueva normativa la figura del asistente personal.
Entre los compromisos destacan también seguir impulsando las prestaciones profesionales promoviendo el uso de la compatibilidad de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar con servicios, o continuar incorporando nuevos centros al programa ‘En Mi Casa’ para mejorar la calidad de la atención residencial y en centros de día.