El Tribunal General de la Unión Europea declaró legales las ayudas para la financiación del sector de los astilleros por parte de entidades privadas (ventajas fiscales que se denominaron tax lease), en contra de lo que consideró la Comisión Europea. España se libra así de devolver ayudas millonarias pero Galicia se lamentó por los 8.000 empleos perdidos y la grave crisis que provocó.