El Gobierno decidió en la reunión del Consejo de Ministros del viernes 30 de diciembre que las políticas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior se sitúen dentro del organigrama del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la Secretaría General de Inmigración y Emigración, según se indica en el Real Decreto 1887/2011 de 30 de diciembre publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 31 de diciembre. Esta Secretaría General contará con una Dirección General de Migraciones que, en principio, agrupará a ambas materias. Cabe esperar que sea en un nivel inferior, subdirección general, cuando se divida la gestión de la emigración de la gestión de la inmigración.
Que el órgano específico de gestión de las políticas dirigidas hacia la emigración sea una subdirección general de una secretaría general -todo apunta a ello- supone un alarmante descenso en el peso político y administrativo de las políticas de atención a los españoles residentes en el exterior respecto al anterior gobierno. Cabe recordar que en los últimos ocho años la emigración se situaba en una Secretaría de Estado y contaba con una Dirección General propia.
Las competencias concretas de la Secretaría General de Inmigración y Emigración deberán indicarse en la norma que regule la estructura del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Decisión política
La decisión de crear una Secretaría General de Inmigración y Emigración no responde a unos criterios objetivos sino que se trata simplemente de una decisión puramente política de organizar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que probablemente afecte también a los presupuestos que maneje el departamento que dirigirá las actuaciones en materia de atención a los españoles residentes en el extranjero.
El BOE del sábado 31 de diciembre también recoge los reales decretos por los que se cesa a Anna Terrón como secretaria de Estado de Inmigración y Emigración y a Pilar Pin como directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Está claro que dentro del organigrama del Gobierno de Mariano Rajoy el peso político de la ciudadanía española en el exterior ha disminuido al pasar de una Secretaría de Estado a una Secretaría General justo en un momento en el que la colectividad reclama reformas de tanto calado como las referidas a la Ley Electoral.
Cabe destacar que en los tres últimos años el Partido Popular realizó un importante trabajo de cara a los españoles residentes en el extranjero y extendió su organización, que hasta el momento tenía una presencia en el exterior puramente testimonial, por 27 países y medio centenar de ciudades. De ahí que resulte aún más llamativo que ahora el peso político de la ciudadanía española en el exterior haya quedado tan disminuido, sobre todo cuando hay problemas -tanto de índole político como asistencial- que tan gravemente están afectando a la colectividad. Ahí están, por ejemplo, la reforma de la Ley Electoral o la situación de las asistencia socio-sanitaria a los residentes en el exterior.
Rango de subsecretario
La figura de la Secretaría General se contempla dentro de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado como una excepción. Los secretarios generales tiene rango de subsecretario y están, dentro de la jerarquía administrativa, justo por debajo de los secretarios de Estado aunque dependen directamente del ministro y son nombrados por el Consejo de Ministros.
No es requisito que la persona que ocupe este cargo sea funcionario de carrera pero sí que cuente “con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada”.
Es competencia de los secretarios generales “impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares”.
Todavía no se conoce quién ocupará el cargo de secretario general de Inmigración y Emigración y tampoco el de director general de Migraciones. Puede que sea en el Consejo de Ministros del próximo jueves 5 de enero cuando se nombren ya que es una competencia del máximo órgano de gobierno.