La Dirección General de la Policía explicó que, además de las 42 personas arrestadas, otras 37 están imputadas por diferentes motivos en relación con estas actuaciones, mediante las que se podrían haber defraudado más de diez millones de euros . Las investigaciones se iniciaron tras las irregularidades detectadas por entidades gestoras de la Seguridad Social.
Las actuaciones cometidas por los implicados se refieren a delitos de insolvencia punible, estafa, falsificación de permisos de trabajo y usurpación del estado civil, cometidos en Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Granada, Valladolid, Málaga, Murcia, Madrid, Navarra, La Coruña, Vizcaya, Toledo, Segovia, Tenerife y Gran Canaria.