Hasta 20 universitarios podrán obtener otras tantas becas de entre 1.400 y 2.000 euros para pasar cuatro meses y medio estudiando en Asturias. El plazo para solicitar las ayudas concluye el 24 de noviembre.
Para poder sacar adelante esta iniciativa, el Principado ha creado un sistema de cartas de adhesión mediante el que los centros universitarios americanos aceptan convalidar al menos el 80 por ciento de las asignaturas que aprueben en Asturias los estudiantes. “Es muy importante para los emigrantes que sus hijos y descendientes puedan estudiar en Asturias, y el número de beneficiados crecerá en los próximos años”, explicó el director de la Agencia Asturiana para la Emigración, Luis Miguel Fernández Romero.
Este programa entra dentro del Plan Integral de Emigración 2004-2007 que, según aseguró ayer el consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier García Valledor, “equipara los derechos de los emigrantes con los de los que vivimos en Asturias”. Ayer compareció en la Junta General del Principado para hacer balance las actuaciones desarrolladas dentro de este plan en los años 2004 y 2005. En ese periodo se invirtieron más de 3 millones de euros en cinco áreas diferentes.
Cobertura sanitaria
Las principales actuaciones fueron destinadas a programas de cobertura socio-sanitaria, para los que se destinaron en 2005 620.000 euros.
Ayudas a incapacitados, mayores y emigrantes en situaciones de emergencia social, plazas en residencias, o convenios en materia de cobertura sanitaria se incluyen en esta partida, así como posibilitar el retorno por unos días a Asturias de emigrantes.
Otra sección atiende a los emigrantes ya retornados, permitiéndoles el acceso a derechos como el salario social, viviendas protegidas, plazas en residencias o ayudas directas. También se contemplaros apoyos para los jóvenes y ayudas para los centros asturianos de España y el extranjero, así como planes de promoción de la cultura asturiana.
El Partido Popular criticó las “lagunas” del plan, del que dijo que no tenía “criterios claros de evaluación” y pidió más difusión del mismo para facilitar el acceso a los emigrantes. Izquierda Unida aludió, en especial, al salario social en el extranjero, que también puede ser solicitado por los emigrantes.