Con la Ley en la mano

No sé con quién, pero la emigración pierde

Por Ricardo Martínez Barros

Ricardo Martínez Barros.

Cierto: el título de hoy viene “retorcido”, o quizás sea solo una parodia de aquella famosa ocurrencia (“no sé quiénes, pero ganaremos”) que el político-registrador Pío Cabanillas pronunció poco después de la muerte de Franco y cuando estaba en ciernes la elaboración de los textos legislativos que regularían el sistema electoral.

El motivo por qué revolotea entre mis neuronas esta dichosa frase lo desconozco. Pero me temo que no ando muy desacertado cuando barrunto que, sea cual sea el Gobierno que nos “desgobierne”, los problemas de la EMIGRACIÓN van a seguir “perdiendo”. Y ya no es una cuestión de voluntad o buenas intenciones, es algo más: es no querer aceptar que la sociedad actual tiene un grave problema, tanto a nivel nacional como a nivel global, con los movimientos migratorios. Solo “asumiendo que hay un problema” seguro que será más fácil encontrar soluciones. Este pensamiento iluso choca con la actitud de determinados “pseudo-líderes” mundiales, obsesionados por orillar el problema o, en el peor de los casos, criminalizar a los que, por necesidad, se desplazan para poder seguir comiendo

Determinadas comunidades autónomas están haciendo unos esfuerzos encomiables para proteger los derechos de sus emigrantes. Pero muchas veces chocan con la “impudicia” de la competencia que al Estado le atribuye la Constitución de 1978 (art. 42). Hasta el punto que aquel prioriza el establecer “políticas” que orienten el retorno de los emigrantes, cuando no creo que esa sea el principal problema de la emigración, pues muchos emigrantes no desean regresar, aunque lo que sí desean es que les protejan en sus derechos económicos y sociales, que es lo que le ordena el art. 42 de la CE. Ciento y pico trabajadores de un aeropuerto son capaces de paralizar la actividad de tránsito de millones de personas y causar graves perjuicios a la economía nacional, sin embargo dos millones de emigrantes no son capaces de obligar a que, de una vez por todas, desaparezca el voto rogado o se impida la doble imposición o se proteja el retorno de aquellos jóvenes profesionales desesperados que se han visto obligados a aplicar sus conocimientos y capacidades en empresas extranjeras que se aprovechan de una enseñanza que se ha sufragado con los impuestos de todos los españoles. ¿Deben ser los Tribunales de Justicia los que procedan a desmarcarse de tanta ineptitud y “pacatería” que están exhibiendo los gobiernos que no gobiernan? Yo no lo descarto. Y mientras tanto, permítanme que me lamente gritando: “no sé con quién, pero la emigración volverá a perder”.

Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.

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