Decenas de miles de personas se manifestaron el pasado 21 de enero en Madrid convocadas por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y de las reformas del Código Penal que suprimen el delito de sedición y rebajan el de malversación además de por la degradación de las instituciones, ante los nombramientos de políticos o simpatizantes en organismos de la Justicia, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los medios de información públicos o el Instituto Nacional de Estadística (INE). La céntrica Plaza de Cibeles y las calles adyacentes, desde Gran Vía hasta la Puerta de Alcalá y cruzando la Castellana hasta sobrepasar casi la plaza de Colón, estaban abarrotadas en una protesta en la que se oyeron gritos de “Gobierno, dimisión” y que contó con el apoyo del PP y Ciudadanos, aunque no asistieron sus líderes, y sí el de Vox, Santiago Abascal.
Pedro Sánchez, por su parte, cargó contra la manifestación de quienes “defienden una España uniforme y excluyente” y recordó la manifestación independentistas contra la Cumbre entre España y Francia de dos días antes en Barcelona con “nostálgicos” que defienden “una España rota”.
Por otro lado, el presidente del Partido Popular , Alberto Núñez Feijoo, presentó el día 23 en Cádiz -cuna de la democracia española por las Constitución de 1812- un plan de calidad institucional con 60 medidas para mejorar la calidad de la democracia, acabar con el “nepotismo y la opacidad” y frenar la “erosión” de las instituciones ante la “deriva” abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las medidas se incluye permitir gobernar en los ayuntamientos a la lista más votada, “para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de sufragios”, la propuesta que provocó más polémica y comentarios.
