El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avanzó el pasado 12 de abril que va a enviar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un requerimiento firmado por catorce presidentes autonómicos para que se convoque de manera inmediata la Conferencia de Presidentes. De este modo, afirmó que son muchos los asuntos a tratar y que la responsabilidad de los representantes de las comunidades autónomas es dar servicio a aspectos que son fundamentales en un Estado de Derecho como son la Educación, la Sanidad o la Dependencia, algo que está íntimamente ligado a la financiación autonómica y al principio de solidaridad interterritorial.
“Espero y deseo, aunque cada vez confío menos, que acceda y si no lo hace no tendremos otra alternativa que buscar fórmulas de carácter jurídico y administrativo para que se convoque la Conferencia de Presidentes que debía haberse convocado hace meses”.
En otro orden de cosas, anunció que Andalucía volverá a tener una voz destacada en la Conferencia Climática de Naciones Unidas de noviembre de este año (COP29), y un año más y como ya sucedió en Dubái tendrá el honor de ser el representante del Comité de las Regiones en un foro de tanta trascendencia para el presente y el futuro del planeta. Moreno, que asistió a la inauguración oficial del tramo 1 de la ruta cicloturista transeuropea Eurovelo 8 entre Cádiz y San Fernando, aseguró que este honor no es casual, sino que se justifica por el papel puntero que Andalucía viene desarrollando en la lucha contra el cambio climático, en la transición energética y en la concienciación social hacia un mundo descarbonizado y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, subrayó que la Comunidad sigue ganando peso específico, relevancia y reputación en Europa y esto siempre es una gran noticia.
Coste de sus políticas
Por otro lado, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, lamentó el pasado día 11 que las nuevas políticas del Gobierno central han causado, “por ahora”, un incremento del gasto consolidado para Andalucía de 900 millones de euros, ya que, como aseguró en el Parlamento, “se están acometiendo a costa del esfuerzo económico de los andaluces”.
España señaló que se están en marcha una serie de normas estatales que implican “un alto coste económico” para las autonomías, al mismo tiempo que dejó claro que “no estamos en contra de estas medidas, sino en contra de que se cargue su coste” a los gobiernos autonómicos. Así, se refirió al incentivo indirecto en el crecimiento de plantillas (por ejemplo, en las universidades), cambiar la ley de dependencia respecto a las prestaciones económicas de la misma o los costes de la seguridad social de las personas que realizan prácticas en empresas, medidas que, indicó, “las están pagando en buena parte los andaluces”.
La consejera consideró que estas iniciativas “pueden provocar una quiebra paulatina en la sostenibilidad del sistema” y recordó al Ejecutivo nacional que “las nuevas políticas que supongan un gasto, deben ir acompañadas de financiación”. La titular de Economía indicó que Andalucía “no puede seguir haciendo frente a más gastos provenientes del Estado”, mientras, al mismo tiempo, “este sigue infrafinanciando a la Comunidad”. En este sentido, criticó que “al no haberse aprobado” los Presupuestos Generales del Estado, se prolongan “los agravios que sufre Andalucía”, uno de ellos, según concretó, la infrafinanciación.
Asimismo, se refirió también a la actualización de las entregas a cuenta, “congeladas desde que comenzó el año y motivo por el que Andalucía recibe 150 millones de euros menos cada mes”, mientras criticó, de otro lado, que Andalucía no vaya a tener “ninguna inversión nueva por parte del Estado al no contar con presupuestos”. Además, para España, el hecho de no presentar los Presupuestos Generales del Estado “es una irresponsabilidad y una dejadez de funciones” por parte del Gobierno central, ya que, como recordó, “es una obligación recogida en el artículo 134.3 de la Constitución”.
Por último, la consejera indicó que “en los seis primeros meses de 2022, el último dato hecho público, ha quedado de manifiesto que en Andalucía el Estado ha ejecutado solo un 15% del presupuesto, mientras que en Cataluña, por ejemplo, un 64%”.
Y lamentó “el incremento de la presión fiscal de España hasta treinta veces más que la media de la UE”, mientras “detrae de las comunidades autónomas o ayuntamientos 500 millones de euros para invertir en empresas”.
