El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia y responsable del PP en el Exterior, Antonio Rodríguez Miranda, considera que la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo sobre los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pone de manifiesto la existencia de un problema jurídico que el Partido Popular ya había advertido desde la aprobación de la regulación de la nacionalidad vinculada a la Ley de Memoria Democrática (LMD).
Tras la inauguración en Caldas de Reis de la nueva sede de la Asociación de Emigrantes Retornados Ulla-Umia (AERU) el día 9 de septiembre, Miranda recordó que la medida del Supremo no afecta quienes accedieron a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática por ser hijos o nietos de madres o abuelas que perdieron la ciudadanía por casarse con un extranjero; ni a quienes no pudieron acceder a ella a través de la Ley de Memoria Histórica por ser mayores de edad y lo han hecho ahora a través de la LMD; ni tampoco a quienes han acreditado una causa de exilio al acceder a la nacionalidad.
Aclaró que afecta únicamente a quienes accedieron a la nacionalidad española a través de los supuestos establecidos a partir de la Instrucción de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia que, a su juicio, es una resolución “manifiestamente ilegal” y que “amplió los supuestos que establece la propia Ley de Memoria Democrática”.
En sus declaraciones, el dirigente popular subrayó que una resolución administrativa de una Dirección General no puede modificar lo establecido en una norma con rango de ley. “Eso vulnera al principio de jerarquía normativa. Una resolución de una Dirección General no puede cambiar lo que dice una ley”, recalcó.
“Hay que hacer de una vez por todas una ley que regule la nacionalidad en toda su extensión y solucione todos los casos”
El responsable del PP en el Exterior asegura que su formación ya alertó públicamente de esta situación en noviembre de 2022, poco después de la entrada en vigor de la regulación. Según Miranda, el problema reside en que se utilizaron instrucciones administrativas para ampliar las posibilidades de acceso a la nacionalidad en lugar de aprobar una modificación específica del Código Civil o una ley de nacionalidad que pudiera contar con un respaldo parlamentario más amplio.
Críticas a la regulación de la nacionalidad
Miranda considera que la utilización de la Ley de Memoria Democrática para introducir las modificaciones relativas a la nacionalidad volvió a dejar fuera determinados supuestos que, en su opinión, deberían haber sido contemplados.
Defiende que hubiera sido preferible aprobar una ley específica de nacionalidad o modificar el Código Civil. Recuerda que ya se había planteado en las cámaras una proposición de ley para modificar los mecanismos de acceso a la nacionalidad y sostiene que esa vía contaba con un apoyo político amplio antes de quedar paralizada por la moción de censura presentada por Pedro Sánchez en 2018.
El dirigente popular reprocha al Gobierno que optara nuevamente por incorporar las disposiciones sobre nacionalidad dentro de una legislación de carácter más amplio y con un marcado contenido ideológico. A su juicio, esta decisión terminó generando nuevos problemas y dejando fuera a personas que aspiraban a acceder a la nacionalidad.
“Meten por la puerta de atrás una disposición sobre el acceso a la nacionalidad de aquellos casos que se quedaron fuera de la ley anterior y lo vuelven a hacer mal porque tampoco recogieron todos los casos”, señaló.
Personas particulares beneficiadas
En este sentido, incluso afirmó que la redacción de la Disposición adicional octava “dejaba de nuevo fuera de la nacionalidad a determinados casos, hay que decirlo, de ciertas personas que se habían convertido en caudillos en defensa del acceso a la nacionalidad de ciertas pseudo-asociaciones que nacieron en el exterior, digo pseudo porque nunca se configuraron jurídicamente como asociaciones, y se dan cuenta de que precisamente esos caudillos se quedaban fuera. Había que arreglarlo y tocaron a rebato, no sé si en Ferraz o en Moncloa o en donde. Y entonces, una directora general que ya había aprobado una resolución de desarrollo de la ley bien hecha, firmada, pero que no llegó a publicarse oficialmente, la cambió y se hizo otra vulnerando la ley y esa si se publicó”.
Con cierta ironía, Miranda indicó que “habría que analizar de esos primeros casos que salieron a decir que obtuvieron la nacionalidad a ver si resulta que esos son de estos casos que ahora quedan en suspenso porque accedieron a la ciudadanía por la Instrucción y no por el contenido de la LMD”.
Miranda llega a calificar la situación de “chapuza jurídica” y considera que ha provocado “inseguridad jurídica” entre ciudadanos que tenían expectativas de obtener la nacionalidad española.
“Estoy esperando a ver quién del PSOE pide perdón, pide disculpas por tratar como ciudadanos de segunda a los españoles en el exterior, por tercera vez hacer una chapuza jurídica, generar inseguridad jurídica y dejar en ascuas expectativas de personas que querían acceder a un derecho y que, si reúnen las condiciones, deben acceder a ese derecho con todas las garantías”, afirmó
“Besteiro y el PSOE deberían pedir disculpas”
Rodríguez Miranda también dirigió duras críticas al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, después de sus declaraciones sobre la decisión judicial. El responsable del PP en el Exterior sostuvo que también Besteiro debería pedir disculpas a los españoles residentes en el extranjero afectados por la situación y defendió que la responsabilidad corresponde al Gobierno que aprobó y aplicó la regulación cuestionada, y no a quienes advirtieron de sus posibles problemas jurídicos.
“Besteiro debería pedir disculpas”, afirmó Miranda, quien insistió en que el PP no ha sido responsable de la situación generada, sino que se limitó a denunciar públicamente lo que consideraba una irregularidad. A su juicio, correspondía al Ejecutivo corregir el problema si consideraba que la regulación podía generar consecuencias jurídicas.
El dirigente popular rechazó así las críticas del PSdeG al PP por haber cuestionado el procedimiento y sostuvo que su formación siempre ha defendido que puedan acceder a la nacionalidad española quienes cumplan legalmente los requisitos establecidos. “Los ciudadanos no tienen la culpa”, señaló Miranda, que reclama que se garantice el acceso a la nacionalidad cuando exista una acreditación documental suficiente.
“No podemos estar poniendo continuamente a los ciudadanos del exterior en la picota”
En esta línea, Rodríguez Miranda recalcó que “no podemos estar poniendo continuamente a los ciudadanos del exterior en la picota. Ya se hicieron las correcciones en el sistema de voto para evitar las dudas y ahora con este tema el PSOE vuelve a incurrir en deficiencias en la regulación para nuevamente poner a los ciudadanos en el exterior en tela de juicio respecto a los demás”.
Miranda también acusó al PSOE de haber actuado por motivos de “rédito electoral” y de haber generado una situación de “inseguridad jurídica” para miles de españoles residentes en el exterior. En su opinión, recalcó, el problema no reside en las personas que solicitaron la nacionalidad, sino en la forma en que se reguló administrativamente su acceso.
El temor a que la suspensión afecte a la nacionalidad
Preguntado expresamente sobre si las consecuencias de la decisión del Supremo podrían ir más allá de la inscripción en el CERA y llegar a afectar a la propia nacionalidad, Miranda explica que, por el momento, el Tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión.
Según su interpretación, la medida cautelar pretende evitar un posible perjuicio irreversible en el ámbito electoral mientras se resuelve el procedimiento. Si determinadas personas hubieran obtenido la nacionalidad basándose en una norma reglamentaria que contradijera la ley, podría haberse producido su incorporación al censo y, posteriormente, el ejercicio de un derecho de voto cuya legalidad estuviera cuestionada.
Miranda recalca que habrá que esperar a conocer los autos del Supremo para determinar exactamente cuáles son los argumentos jurídicos utilizados y cuáles pueden ser las consecuencias definitivas. “En este momento solo tenemos información por la nota que sacó el Tribunal Supremo”, señala.
No obstante, considera significativo que el máximo tribunal haya acordado una medida cautelar de estas características. A su juicio, la decisión evidencia que existen “dudas jurídicas razonables” que deberán ser aclaradas por el tribunal.
Críticas al colapso consular
Miranda amplía sus críticas a la gestión de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y señala que el Gobierno tampoco había previsto adecuadamente el volumen de solicitudes de nacionalidad que recibió la red consular.
Según afirma, la avalancha de solicitudes ha provocado un “colapso por toda la red consular en todo el mundo” y todavía existen personas que, según su denuncia, podrían tardar años en poder solo para poder presentar su solicitud.
El secretario xeral da Emigración también reivindica en este contexto la colaboración de la Xunta de Galicia con las diócesis gallegas para facilitar a los descendientes de gallegos la documentación necesaria para acreditar sus vínculos y tramitar sus solicitudes de nacionalidad.
Según sus declaraciones, este apoyo se mantiene desde hace años y ha permitido que alrededor de 30.000 gallegos hayan obtenido documentación de los archivos históricos diocesanos para poder presentar sus expedientes de nacionalidad.
Miranda concluyó defendiendo que los ciudadanos que consideran que cumplen los requisitos para acceder a la nacionalidad deben poder hacerlo aportando la documentación correspondiente y con todas las garantías jurídicas, y reclama que los españoles residentes en el exterior no vuelvan a quedar en una situación de incertidumbre por decisiones normativas o administrativas.
