La Secretaría de Estado de Migraciones reconoce que hay 1.412 solicitudes de Prestación por Razón de Necesidad (PRN) de ciudadanos españoles residentes en Venezuela en situación precaria que no han podido ser atendidas por falta de recursos económicos desde marzo de 2022 hasta el día de hoy.
La cifra de 1.412 difiere considerablemente de las 2.300 solicitudes sin atender que señaló el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Venezuela en un comunicado con fecha 4 de septiembre de 2024.
La emisión de dicho comunicado provocó la reacción inmediata de la Comisión Ejecutiva del PSOE Venezuela que rechazó el contenido del mismo y lo tachó de “irresponsable, tendencioso y falso”. La agrupación socialista en el país negó que en su reunión del pasado 20 de agosto el CRE de Venezuela, como decía el comunicado, hubiese acordado denunciar al Gobierno de España por el retraso en la tramitación de algunas solicitudes de PRN.
Además, el PSOE Venezuela afirmó que “es irresponsable y tendencioso afirmar que haya más de 2.300 solicitudes de PRN por resolver, ya que dicha cifra es falsa y no contrastada con los organismos responsables, cuando es de conocimiento público que son muchísimas menos solicitudes”.
Sin embargo, el CRE de Venezuela tomó la cifra de 2.300 solicitudes de PRN sin atender de una proposición no de ley con fecha 29 de agosto de 2024 presentada por el propio PSOE en el Parlamento de Canarias. En dicha proposición, el PSOE propone a la Cámara autonómica a “instar al Gobierno de España a agilizar los más de 2.300 expedientes de pensiones paralizados en el ministerio desde marzo de 2022”.
Asimismo, los socialistas canarios indican que “el Gobierno Central debe agilizar los trámites burocráticos para el reconocimiento inmediato de los beneficiarios de las PRN (prestaciones por razón de necesidad) a muchos canarios y canarias residentes en Venezuela que la han solicitado, pero no se les ha reconocido”.
Cabe recordar que en su comunicado el CRE de Venezuela señalaba que las prestaciones por razón de necesidad “son esenciales para una parte significativa de nuestra comunidad que se encuentra en situación de desprotección a nivel social y económico”. Por ese motivo señala que “es imperativo que se brinde el apoyo y los recursos necesarios a estos ciudadanos, asegurando así su bienestar y calidad de vida en un momento tan crítico”.
Esta denuncia “de la grave situación por falta de gestión y sensibilidad por parte del Gobierno de España” ha sido trasladada también, a través de sendas cartas, a los responsables de los ministerios de Asuntos Exteriores, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, departamento que se encarga de la gestión de estas prestaciones.
Presupuestos de 2025
Más allá de si son 1.412 o 2.300 las solicitudes de PRN que no se han atendido desde marzo de 2022 hasta 2024, cabe señalar que desde la Secretaría de Estado de Migraciones han indicado a España Exterior que “estamos tratando de buscar financiación a través de un incremento en la partida correspondiente de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno en el presupuesto de 2025”.
En este sentido, desde el departamento que dirige Pilar Cancela aclaran que, si bien aquellas personas cuya solicitud de PRN cumple con los requisitos establecidos en la normativa cuentan con un derecho reconocido, “este no supone automáticamente la dotación de fondos presupuestarios” para atenderlo.
Esto es así porque las prestación por razón de necesidad para españoles en el exterior “no tienen carácter de pensiones” y por lo tanto “no tienen carácter de créditos ampliables” en la Ley General Presupuestaria. Por ese motivo no puede ampliarse de manera automática la partida destinada a abonarlas. Además, la regulación de las PRN (Real Decreto 8/2008) establece que “el pago de la prestación se llevará a cabo dentro de los límites establecidos en la correspondiente partida presupuestaria anual”.
Desde la Secretaría de Estado de Migraciones recalcan que siempre ha sido su voluntad “incluir a estas personas en su sistema de protección y de hecho, en los momentos en los que se ha contado con cierta capacidad presupuestaria, se han ido incorporando solicitantes al cobro”. Así sucedió entre enero y marzo de 2022, cuando se atendieron 351 solicitudes nuevas que generaron unas obligaciones de pago para la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior de más de 1,2 millones de euros.
El problema viene dado, señalan desde Migraciones, “por el aumento exponencial de beneficiarios (incremento del 92,9% en los últimos cinco años)”. Y hay que tener en cuenta, añaden, que los beneficiarios de PRN en Venezuela, a pesar de que los españoles en el país solo son el 4,76% de todos los residentes en el exterior, suponen el 49,83% de los beneficiarios totales de dicha prestación. A esto hay que añadir la mejora de la cuantía económica de la prestación, su impacto automático en el coste de la asistencia sanitaria y el reconocimiento de derechos retroactivos, con un presupuesto en este año 2024 que no se ha actualizado ya que se ha prorrogado el de 2023.
Desde la Secretaría de Estado de Migraciones recalcan que en la propuesta de presupuesto para 2025 se incluye un aumento de la partida destinada a PRN que incluye a los solicitantes pendientes con sus correspondientes atrasos.
En la actualidad, la Secretaría de Estado de Migraciones destina un presupuesto para el caso concreto de Venezuela de casi 20 millones de euros en concepto PRN, que otorga ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los perceptores, españoles residentes en dicho país que se encuentran en situación de necesidad y precariedad, y alrededor de 4,5 millones para prestar cobertura sanitaria a un total de 3.826 personas beneficiarias.
En cualquier caso, la atención de las nuevas solicitudes de PRN presentadas desde marzo de 2022 hasta el día de hoy dependerá de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, algo que está en duda ahora mismo y que depende de las negociaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, el partido de Carles Puigdemont.