Lo que empezó como un supuesto caso de espionaje a unos 60 independentistas catalanes que denunciaron las fuerzas soberanistas ha enrarecido el ambiente en el Gobierno, que vive con máxima tensión la amenaza de una ruptura definitiva de la legislatura por parte de sus socios independentistas vascos y catalanes.
Para calmar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalaunya (JxP) y EH Bildu, el Gobierno les prometió el 25 de abril entrar en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados y, al día siguiente, la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, aprobó un cambio normativo para que los miembros de ese órgano se eligieran por mayoría absoluta del pleno (176 diputados) y no por los dos tercios (210) que se requerían desde hace 36 años.
Hasta ahora se pretendía un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias para evitar el acceso a los secretos oficiales del Estado de formaciones que tienen entre sus fines la destrucción de la Nación. Con la excusa de que no se había logrado un pacto en lo que va de legislatura para designar los componentes de la Comisión de Secretos Oficiales, Batet impulsó una modificación que permitió a representantes de partidos independentistas como ERC, Bildu, JxC y la CUP incorporarse a ese órgano. La oposición en bloque -PP, Vox y Ciudadanos- censuró el acceso a información sensible y estratégica para la seguridad de España de quienes defienden la ruptura del Estado y acusó al Gobierno de poner en peligro la seguridad nacional a cambio de cuatro votos para un decreto.
Bildu salva al Ejecutivo
Se referían a los votos con los que el Gobierno sacó adelante el decreto de medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania gracias al apoyo de Bildu, los herederos de Batasuna y de la izquierda abertzale simpatizante de la banda terrorista ETA. Mientras que Esquerra votó en contra como protesta por el espionaje al secesionismo.
Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), justificó el espionaje por la amenaza que suponía el proceso soberanista en Cataluña y afirmó que se hizo de manera legal, con respaldo judicial. Robles aseguró que el Estado tiene derecho a protegerse de los ataques a la Constitución.
La titular de Defensa fue objeto de presiones no sólo de los independentistas, a su vez socios del Gobierno en esta legislatura, sino también de los componentes del Ejecutivo de coalición. No en vano, Podemos e incluso sus ministros han pedido abiertamente su cese, como ERC y Bildu.
La situación se enrevesó todavía más con una comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la que denunciaron el pasado 2 de mayo que los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a escuchas “ilícitas y externas” por el programa ‘Pegasus’, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional. Y se ha puesto este hecho en manos de la Justicia.
‘Hackeo’ a Sánchez
Bolaños explicó que, según los informes del Centro Criptológico, hubo dos intrusiones en el teléfono móvil de Sánchez en mayo de 2021, en los que accedieron a 2,6 gigas de información, y una en el de Robles en junio de ese mismo año. Todo ello en plena gestión de los indultos a los líderes independentistas y la crisis con Marruecos tras las atenciones prestadas al máximo dirigente del Frente Polisario, Brahim Ghali. Y todavía se sospecha de otro espionaje al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que “no es una casualidad menor que lo anuncie ahora” el Gobierno cuando ERC le acusa de escuchas y el principal partido de la oposición ha pedido al Ejecutivo pruebas del espionaje a Sánchez y Robles, con el acceso a los informes del Centro Criptológico Nacional. Sin embargo, el PP, Vox y Cs evitaron al presidente del Gobierno una comisión de investigación en el Congreso pero tendrá que dar explicaciones en el pleno.
El 6 de mayo compareció en la Comisión de Secretos Oficiales la directora del CNI, Paz Esteban. Aunque está prohibido informar de estas reuniones, trascendió a la prensa que Esteban defendió la legalidad de las escuchas a 18 independentistas, todas con autorización judicial. Y que uno de los investigados fue el ahora president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, como una amenaza para el Estado en plenos disturbios callejeros tras la sentencia del procès y por la relación con sus promotores, Tsunami Democràtic.
ERC, uno de los socios del Gobierno en la legislatura y que apoyó la investidura de Sánchez, y el Govern catalán han exigido explicaciones y dimisiones, además de agravar la crisis con el Gobierno.