La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte ahora que el modo de aplicar la Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática que está llevando a cabo el Gobierno –una vez que está abierto un contencioso administrativo contra la Instrucción que establece el desarrollo concreto de dicha Disposición– puede abrir la puerta a nuevas demandas por presunta “prevaricación, falsedad documental” e incluso “malversación de caudales públicos”.
Esta entidad se refiere en concreto a las declaraciones realizadas por el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Xavier Martí, quien en respuesta a las consultas del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) afirmó que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) del Ministerio de Justicia permitirá que, por causas justificadas o a juicio del encargado del Registro Consular, se amplíe el plazo de 30 días para aportar de documentación complementaria que se les requiera a quienes hayan presentado su solicitud.
Según la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica este tipo de medidas constituyen “una especie de huida hacia delante”, cuando el Gobierno y los distintos ministerios implicados en la aplicación de la Ley (Justicia, Exteriores y Presidencia), a través de sus servicios jurídicos (Abogacía del Estado), “con total seguridad habrán sido advertidos de las serias dudas de legalidad que tiene el proceso de nacionalización masiva y exprés que se está intentando poner en marcha en aplicación de la disposición adicional octava de la norma”, tal y como publica el diario La Razón.
Señala también que se “ha flexibilizado el modo de presentar algunos documentos, los plazos para aportarlos y otros extremos, contradiciendo gravemente la legislación del procedimiento administrativo”.
Esta entidad señala también que se están produciendo “presuntas irregularidades, como la aprobación de una instrucción el 20 de octubre (no publicada y enviada a todos los registros civiles, provinciales y consulares) y a los 5 días la aprobación de otra con un contenido totalmente diferente, que sí fue publicada en el Boletín Oficial del Estado”.
Además, desde la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica resaltan que en la Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática no aparecen mencionados los exiliados por causas económicas ni ningún otro potencial beneficiario del acceso a la nacionalidad que no sean los hijos y nietos de exiliados políticos, ideológicos, por creencia u orientación sexual, cosa que si hace la Instrucción de la DGSJFP.
En este sentido, señalan también que “al darse por hecho, como presunción general, que todos los españoles que emigraron a América desde 1936 a 1955 fueron exiliados políticos (cuando según los historiadores y geógrafos y demás expertos solo lo fue una parte de los emigrados en todos esos años), se podría haber cometido un presunto delito de falsedad documental, pues se está declarando por parte de funcionarios públicos algo que no es cierto, y que puede acreditarse fácilmente”.
Por todo ello, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica afirma que “falsear de modo torticero el contenido de una ley, sin que esta haya habilitado para ello, podría constituir un presunto delito de prevaricación, y también de malversación de caudales públicos, pues se están empleando medios materiales y personales públicos, con un desembolso importante (detrayéndolos de otros procedimientos urgentes necesarios que se tramitan en todos los consulados), para unos procedimientos que de raíz, ‘ab initio’, son ya radicalmente ilegales la mayoría de ellos”.
Para la entidad, “es muy verosímil pensar que muchas de las nacionalidades que se están concediendo en estas primeras semanas y meses desde que entró en vigor la ley y la instrucción presuntamente ilegal, si esta se acaba anulando, deberán ser revocadas y anuladas, con todos los perjuicios que se producirán”. Algo que «conllevará un aluvión de reclamaciones, querellas y denuncias por parte de los afectados, contra los responsables del ministerio y de los consulados».
En este sentido, recalcan que la instrucción del 25 de octubre de 2022 de la DGSJFP “se aprobó sin existir un real decreto u orden ministerial de desarrollo de la Ley de Memoria, como la norma establecía obligatoriamente, por lo que el ejercicio de esta potestad reglamentaria es radicalmente ilegal” y “otro motivo de presunta prevaricación y malversación”.
Para “evitar todos estos perjuicios y situación de caos”, la asociación solicitó “la medida cautelar de suspensión” de la Instrucción –que está estudiando el TSJ de Madrid–, y “no descarta la presentación de querellas criminales contra los responsables de los ministerios de Justicia, Presidencia y Exteriores por este modo de proceder”. E incluso “solicitar al juez que presente una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria por excluir a los exiliados políticos no contemplados en la norma”, es decir, “aquellas personas que huyeron de la España bajo control del Frente Popular por temor a perder sus vidas, discriminación prohibida por el artículo 14 de la Constitución española”.
Como Español nativo considero que hicieron todo mal al juntar a todos, los que tienen que renovar pasaporte los que tienen sacar el pasaporte por primera vez y no por la ley sino por ser hijos y nietos muchos quedarán si posibilidades por que se les vence el tiempo de los 18 años, no supieron preveer el daño que causan