El colectivo de Marea Granate denuncia que, si se aprueba con su actual redacción el Proyecto de ley que modifica diversas normas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, presentado por el Gobierno el pasado 16 de junio, la sanidad pública española “seguirá sin ser universal ni equitativa”.
Y concreto critica que, según se establece en dicha medida, “los emigrantes sólo tenemos derecho a la asistencia sanitaria pública en España en caso de urgencia”. “Nos devuelven un derecho que el propio PSOE nos robó con la reforma sanitaria del 2018, pero sólo nos lo devuelven de forma parcial”, añade el colectivo en un comunicado.
Esto es así, según explican, porque en el año 2018 el gobierno socialista realizó una reforma sanitaria de la anterior normativa aprobada por el PP en 2012 que “profundizó aún más” en la exclusión sanitaria. De hecho, la reforma de 2018 vinculó la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a la residencia habitual en el territorio español, poniendo un límite de 90 de días de residencia, según indica Marea Granate.
“Esto significa que las personas que no llevan ese tiempo mínimo de residencia en España o que no pueden demostrarlo, como son los inmigrantes a la espera de regularizar su situación o los emigrantes de visita temporal, quedan excluidas de la asistencia sanitaria, incluso en casos de urgencia, embarazo o menores de edad. Estos tres supuestos sí estaban cubiertos con la normativa del PP, por lo que podemos asegurar que la reforma sanitaria del gobierno del PSOE del año 2018 ahondó aún más en la exclusión sanitaria impuesta por el PP en el año 2012”, añade.
Desde Marea Granate citan varios casos que han padecido algunas personas que forman parte del colectivo. Por ejemplo, el caos de una española que emigra a otro país con una enfermedad crónica que precisa revisiones periódicas. Tienes serias dificultades para acceder a la sanidad en el país de recepción y se le priva de la cobertura en España.
También el de una joven que, tras vivir varios años en un país europeo, es diagnosticada de una enfermedad que precisa diálisis 3 o 4 días a la semana e inclusión en una lista de espera para un trasplante renal. Decide retorna a España de forma urgente para vivir el proceso junto a su familia, pero se encuentra que como el motivo de su regreso es recibir asistencia sanitaria, el Gobierno español se la niega y que debe seguir los pasos burocráticos para reintegrarse como beneficiaria del servicio de sanidad pública. Unos pasos que requieren un tiempo que no tiene pues su salud depende de recibir tratamientos varios días cada semana.
El Proyecto de ley que modifica diversas normas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud se encuentra se está tramitando en el Congreso y ahora mismo está dentro del plazo de presentación de enmiendas. Por este motivo, desde el colectivo Marea Granate que agrupa a emigrantes españoles en diferentes países del mundo exhortan a los partidos políticos a que aprovechen la oportunidad para revertir estas situaciones.
