Mañueco solicita al Gobierno central medidas contra la despoblación

Pide reforzar las infraestructuras hidráulicas y una red de suministro energético adecuada

Mañueco y la ministra Teresa Ribera, durante su comparecencia tras la reunión.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió el pasado 11 de abril en Madrid con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para analizar diferentes asuntos que afectan a Castilla y León.

Entre ellos, solicitó que adopte medidas contra la despoblación para lo que es fundamental, contar con una “financiación adecuada” por parte del Gobierno de España y así atender el coste real de prestación de los servicios públicos en toda la Comunidad. De hecho, Fernández Mañueco recordó que el Ejecutivo autonómico mantiene abiertos en Castilla y León 3.600 consultorios y escuelas desde tres niños, entre otros ejemplos de servicios disponibles en todo el territorio.

Además, en este objetivo de abordar el reto demográfico, señaló que es necesario que el Gobierno central aplique otras medidas, como una fiscalidad diferenciada, llegando a una bonificación del 20% en costes laborales en Soria, y ampliarla a Zamora y a otras zonas afectadas gravemente por la despoblación; mejorar el transporte y descartar la supresión de las casi 350 paradas del medio rural que prevé el Mapa de los Servicios de Transporte Público Interurbano; mecanismos de simplificación normativa para facilitar el emprendimiento rural, reduciendo trámites para la apertura e instalación de negocios; un programa conjunto con el Gobierno autonómico para mejorar el acceso a la vivienda en el medio rural; y, por último, discriminación positiva en la inversión en zonas con despoblación y en los criterios de reparto de los fondos de cohesión territorial. 

Gestión del agua

También, Fernández Mañueco trasladó a la ministra Ribera que es necesario reforzar las infraestructuras hidráulicas y la gestión del agua, para poder garantizar este servicio de primera necesidad en cantidad y calidad suficientes.

Entre otras cuestiones, demandó una mayor capacidad de regulación en la Cuenca del Duero; impulsar obras y actuaciones, como la presa del río Mayor en Soria, la de Castrovido en Burgos, la central hidroeléctrica de Irueña y el recrecimiento de Santa Teresa, en Salamanca, o un nuevo embalse en el río Ciguiñuela en Segovia; y, también, un mayor esfuerzo para poder potenciar los regadíos, en algunos casos pendientes por retrasos en trámites ambientales del ministerio, como en La Cueza, Canal de San José, Canal de Pisuerga, Campillo de Buitrago, Porma sector IV, Carrión, Saldaña o Villamoronta.

Dentro de este apartado, el jefe del Ejecutivo autonómico pidió que el Ministerio ejecute las depuradoras declaradas de interés general del Estado en Castilla y León, ya que están pendientes más de una decena en diferentes provincias: Aldeamayor de San Martín, Ayllón, Fermoselle, San Cristóbal de Entrevías, Villanueva de Duero, Villanueva de Yeltes, Astudillo, Quintanar de la Sierra, Morales del Vino, Monfarracinos, Villaralbo, Palacios de la Sierra, Castrovido, Hacinas, Castrillo de la Reina, Vilvestre de Pinar, Canicosa de la Sierra y el Espacio Natural de los Arribes del Duero.

Energía

En materia de energía, el presidente de la Junta remarcó el potencial de Castilla y León, al generar un 55% más de la que consume, y recordó que la Comunidad es energéticamente solidaria. No obstante, necesita una red de suministro adecuada para los proyectos industriales y empresariales, que son fuente de riqueza y empleo.

Por eso, Mañueco pidió que, en la planificación que está haciendo el Gobierno de España a través de Red Eléctrica Española, se incluyan las mejoras que se precisan para atender las demandas de consumo de las áreas industriales; y que cambie la normativa para favorecer el consumo y el autoconsumo en las zonas donde se produce la energía.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el Senado en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Denuncia el peligroso precedente de la Ley de Amnistía que pone en riesgo el Estado autonómico

Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó el pasado 8 de abril en el Senado en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde mostró su apoyo al informe acerca de los efectos de la Proposición de Ley de Amnistía, amparada por el Gobierno de España.

Respecto al impacto de esta norma, Fernández Mañueco destacó que deja “desprotegido” al Estado autonómico al sentar un precedente peligroso para su misma supervivencia y pone en peligro a las comunidades autónomas porque ataca directamente los principios esenciales de igualdad de los territorios, libertad y solidaridad que ampara la Constitución.

En este sentido, señaló que afecta a España y, por lo tanto, a Castilla y León, que ha sido y es protagonista esencial de la identidad española, especialmente desde la unión de los Reinos de León y de Castilla hace 800 años, caracterizándose por su fuerte voluntad integradora.

Además, indicó que esta ley, “a medida para unos pocos”, se ha creado sin el mínimo debate social, rigor técnico u opiniones cualificadas, por lo que ni refuerza la convivencia ni la estabilidad nacional. En este sentido, hizo referencia a la Comisión de Venecia que considera que la amnistía ha ahondado en una profunda y virulenta división, y que ninguna ley debe concebirse para cubrir a individuos específicos, como hace ésta.

Por otro lado, este órgano consultivo del Consejo de Europa apunta también la incompatibilidad de cualquier amnistía con los delitos de terrorismo. Asimismo, el informe que ese día se debatió expresa la “radical contradicción” de la amnistía con las directivas europeas sobre la lucha contra el terrorismo.

Acciones desde la Junta

El jefe del Ejecutivo autonómico se mostró convencido de que a la amnistía le seguirán otros privilegios, como la soberanía fiscal, con cupos “injustos”, que “destrozan la solidaridad financiera” entre comunidades autónomas.

Como consecuencia de ello, alertó de que se va a poner en riesgo el mantenimiento de servicios públicos esenciales en Castilla y León, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia, que están “entre los mejores de España”, matizó el presidente; una posición que atribuyó a la “gestión eficaz y la labor útil” de los empleados públicos y del Gobierno autonómico, y no “a los regalos fiscales del Gobierno” central.

Mañueco expuso cómo la amnistía afecta directamente a Castilla y León, que no solo ha sido y es una de las protagonistas esenciales de la identidad española y la misma existencia de España, sino que siempre ha tenido una voluntad integradora.

Ante esta deriva, la Junta de Castilla y León va a seguir actuado desde un plano institucional, como ya viene haciendo. El presidente recordó cómo el pasado mes de septiembre el Ejecutivo autonómico, cumpliendo el mandato de este Parlamento, pidió al Gobierno de España que rechazase cualquier pacto político que implicase una amnistía. Y, en noviembre, expresó su rechazo a la Proposición de Ley y a todas las injerencias del Ejecutivo central en el Poder Judicial.

Finalmente, Fernández Mañueco garantizó que el Ejecutivo autonómico defiende la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho, y rechaza cualquier norma que fomente la división entre españoles. Asimismo, apuntó que la Ley de Amnistía será un paso previo a la soberanía total de Cataluña, a través de un referéndum de autodeterminación.

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