En la medianoche del 8 al 9 de mayo finalizó el estado de alarma en España, tras negarse el Gobierno a prorrogar este instrumento legal que permitía plantear restricciones a la movilidad y a las reuniones de personas como herramienta para luchar contra la pandemia del Covid-19. De hecho, el propio Ejecutivo se había comprometido hace un año a presentar alguna reforma legislativa que incluyera estas actuaciones y las facilitara en el caso de una crisis como la actual.
Sin embargo, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como varios de sus ministros argumentaron en las últimas semanas que el estado de alarma ya no era necesario para poner en marcha restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas, como hasta ahora habían defendido, y que bastaba con la autorización o ratificación judicial correspondiente de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional. Respecto a estas decisiones judiciales, con el objetivo de que se aplique de forma uniforme la legislación en todo el territorio nacional, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de mayo un Real Decreto-ley que introduce, como novedad, la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para que establezca jurisprudencia.
Además del rechazo y de las críticas por parte del Supremo por considerar insuficiente el decreto para regular las restricciones, la mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas se mostraron contrarias a esta iniciativa y no ocultaron su malestar ante la actitud escapista del Gobierno, con acusaciones incluso de no asumir sus competencias en una pandemia mundial y sus responsabilidades como máximas autoridades del Estado. Había coincidencia en la necesidad de dotarles de herramientas legales para afrontar los posibles agravamientos de la crisis sanitaria.
Las decisiones que tomaron los ejecutivos autonómicos para enfrentarse a la nueva situación fueron tan dispares como lo es la incidencia en los territorios. Así, no hubo una postura común sobre los cierres perimetrales, el toque de queda, los horarios de la hostelería o las restricciones en el número de personas no convivientes que se podía reunir. Y los problemas llegaron al presentar las comunidades sus planes a los tribunales superiores territoriales, puesto que algunos los vetaron, como el del País Vasco o el de Canarias, mientras que los de Baleares, la Comunidad Valenciana o Cataluña los avalaron. Todo se complicó más con el fin del estado de alarma puesto que miles de personas se lanzaron a las calles para celebrarlo sin seguir las medidas de seguridad.
Los partidos de la oposición han exigido consecuencias políticas al Gobierno por su irresponsabilidad y el caos que ha generado en un momento, además, en el que preocupa la llegada de nuevas variantes del virus a España. Se había conseguido estabilizar la pandemia, sin la afectación de una cuarta ola aunque con una incidencia todavía preocupante y con unas zonas más afectadas, y ahora nadie sabe cómo evolucionará en los próximos días, sin las restricciones generalizadas en el país y con el comportamiento irresponsable de miles de personas que pueden poner en riesgo a muchas más.