La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmó que “queremos hacer una política de recuperación del talento”, refiriéndose a los españoles que abandonaron el país en los últimos años a causa de la crisis. “Nos gustaría que aquellas personas, fundamentalmente jóvenes, que se han marchado a trabajar fuera puedan regresar y encontrar un trabajo digno en nuestro país, si así lo desean”, señaló el martes 24 de julio en un encuentro con la prensa.
Este es uno de los objetivos que se ha marcado la ministra y la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, afirmó que ya han comenzado a trabajar en él. Que ya han tenido una reunión con las Comunidades Autónomas para ver si pueden poner en marcha un plan conjunto para favorecer el retorno.
Rumí indicó que las actuaciones en este campo se realizarán en contacto con las asociaciones que representan al colectivo y tras un análisis de las necesidades de esta nueva emigración. “Queremos saber qué necesitan y qué podemos ofrecerles”, afirmó.
Al encuentro con la prensa acudió todo el equipo directivo de la Secretaría de Estado de Migraciones. Además de Consuelo Rumí estuvo presente el secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín Torres, el director general de Migraciones, José Alarcón, la directora general de Integración y Atención Humanitaria, Estrella Rodríguez Pardo, y el director de gabinete de la secretaría de Estado, Valentín Dueñas.
Solución para los pensionistas de Venezuela
Valerio también se refirió a la situación de los españoles que no perciben la pensión de Venezuela y anunció que “desde la Secretaría de Estado de Migraciones y desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se están buscando medidas para ayudar a estas personas”.
Sobre este punto, Consuelo Rumí, explicó que por un lado están aquellas personas retornadas que no cobran la pensión de Venezuela y que no pueden optar a una pensión no contributiva. Señaló que han calculado que se encuentran en esta situación unas 300 personas y que los trabajos para articular un sistema de ayudas para ellos ya están muy adelantados. En total serían alrededor de 1,5 millones de euros.
Por otro lado están los retornados de Venezuela que sí tienen derecho a una pensión contributiva de España, además de la que deberían cobrar del país americano, y para ellos la Secretaría de Estado de la Seguridad Social está buscando una solución.
Rumí señaló que las medidas que se tomen para dar solución a ambos casos se anunciarán conjuntamente.
Asimismo, Valerio se refirió de nuevo a la revisión de la cuantía de la prestación por razón de necesidad de los españoles en Argentina y señaló que esta posibilidad viene recogida en el decreto que regula esta prestación por lo que es una medida, añadió Consuelo Rumí, que ya podría haber tomado el anterior Gobierno. Señaló la ministra que esta adecuación de la cuantía de la prestación a las actuales circunstancias de depreciación de la moneda argentina supondrá un gasto de 9 millones de euros y que podría afectar a entre 3.000 y 5.000 españoles en Argentina que verían aumentada la cuantía a percibir.
Voto rogado: “Vamos a subsanar lo que fue un error”
Respecto al voto rogado, la secretaria de Estado de Migraciones recalcó que “vamos a subsanar lo que fue un error” y también afirmó que su intención es “ampliar los supuestos de acceso a la nacionalidad”.
También se le planteó a la ministra la reclamación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) de ser recibido en las Cortes, tal y como se indica en la ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior a lo que contestó que el Ministerio, “cumple con las leyes”.
Sobre un posible aumento presupuestario en materia de emigración, Valerio se mostró cauta ya que hay que aprobar el techo de gasto y aún se están elaborando los presupuestos para 2019 por lo que consideró imprudente adelantar nada.
Sobre este punto, Consuelo Rumí se refirió a la bajada que ha habido en el presupuesto dedicado a la atención de los ciudadanos españoles residentes en el exterior en los últimos años que ha pasado de los 135,5 millones de euros en 2010 a los 55 millones de euros de 2017. En el mismo periodo de tiempo, la población con nacionalidad española residente en el extranjero se incrementó en casi un millón de personas al pasar de 1,5 millones en 2010 a 2,4 millones en 2017.
