El personal laboral sin convenio de los Consulados Generales de España en Londres, Mánchester y Edimburgo y la Embajada de España en el Reino Unido ha presentado una petición al Parlamento Europeo para denunciar la extrema precariedad laboral en la que desempeñan sus funciones y el incumplimiento de varios principios y derechos por parte de la Administración española. Los trabajadores denuncian, además, el incumplimiento de la legislación europea aplicable a los empleados públicos tras el brexit. Este personal inició una huelga indefinida el pasado 14 de marzo para reclamar la mejora de sus condiciones laborales y su adecuación a la situación del Reino Unido tras el Brexit.
En concreto, los trabajadores reivindican en su petición al Parlamento Europeo la equiparación salarial entre el personal laboral de la misma categoría y denuncian que la Administración española está aplicando una doble escala salarial sin una razón objetiva, equitativa y proporcionada, sino únicamente el hecho del momento de ingreso en el puesto de trabajo, un hecho que provoca que el personal laboral de nuevo ingreso perciba sueldos más altos que los trabajadores que tienen varios años de experiencia. Actualmente, empleados de la misma categoría profesional, que desempeñan las mismas funciones en una misma oficina consular, cobran salarios muy dispares, siendo el personal con más antigüedad el más perjudicado.
Además, los trabajadores exponen ante el Parlamento Europeo la discriminación que sufre la gran mayoría del personal laboral español respecto de compañeros de su misma categoría y centro de trabajo, en cuanto al régimen de seguridad social aplicable a cada uno. La legislación europea después del brexit, en lo que a Seguridad Social se refiere, deja claro que los empleados públicos han de estar sujetos a la legislación del Estado que les emplea, es decir, en el caso de los empleados públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que trabajan en el Reino Unido, esto se vincula a la legislación española. En el caso del personal laboral en el Reino Unido, este principio solo se respeta para una mínima parte de los trabajadores.
Los trabajadores denuncian que los sistemas de seguridad social entre ambos países no son equiparables y la corrección del sistema de mínimos británico que cubre el sector privado no es cubierto por la Administración española respecto a sus empleados públicos en el exterior, lo que supone una doble discriminación, respecto a los trabajadores regulados por el sistema británico y respecto al resto de los empleados públicos de la Administración española regulados por el régimen de Seguridad Social española.
Por todo lo anterior, los trabajadores solicitan al Parlamento Europeo mediante la petición presentada que inste a la Administración española y al Gobierno de España a remediar debidamente las vulneraciones a los derechos laborales que el personal laboral padece, dando una respuesta satisfactoria, conforme a la norma, a las reivindicaciones del colectivo.
